Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), inició una gira de trabajo en Ginebra, Suiza, para denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las presuntas violaciones a la independencia judicial en México, a raíz de la aprobación y puesta en marcha de la reforma judicial.
De acuerdo con la Jufed, la presencia de la juzgadora responde a la gran preocupación de integrantes de dicho organismo internacional, ya que la citada reforma implica entregar el Poder Judicial a intereses políticos y fácticos, para anular la división de poderes y el debilitamiento democrático.
La asociación indicó que el objetivo central de la visita es sostener reuniones con representantes del sistema de Naciones Unidas para actualizarlos sobre las graves
violaciones a la independencia judicial que están ocurriendo en México “al implementar la regresiva reforma judicial impuesta desde el Poder Ejecutivo y su partido”.
Asimismo, planteará que dicha reforma es en los hechos un despido masivo de las personas juzgadoras y someterá su elección a mecanismos populares carentes de garantías, plagados de irregularidades, intromisiones y manipulación desde el propio gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE).
“No se trata de una modernización ni de una apertura democrática. Lo que está en riesgo es el último contrapeso institucional que sostiene la democracia mexicana: un Poder Judicial libre, profesional y constitucionalmente independiente,” manifestó Juana Fuentes a su llegada a Ginebra.
La directora nacional de Jufed se reunirá con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, así como con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para actualizarlos sobre los crecientes temores que genera la concentración de poder y el desmantelamiento del sistema de pesos y contrapesos que garantizan el Estado de Derecho.
También sostendrá encuentros con integrantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y el Centro para los Derechos Civiles y Políticos.
