El magistrado Arturo César Morales Ramírez denunció una grave confusión que ha derivado en señalamientos infundados en su contra, luego de que el Congreso de la Unión lo confundiera con un agente del Ministerio Público Federal homónimo involucrado en un caso de tráfico de 2.5 toneladas de pseudoefedrina en 2007.
El magistrado presentó a la Presidencia de la República, al Congreso y al INE documentación que prueba la existencia de un homónimo, un agente del Ministerio Público Federal que intentó sacar la droga asegurada en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esta confusión, asegura, llevó al Congreso a solicitar al INE la cancelación de su candidatura a magistrado sin la debida verificación.
En un comunicado, Morales Ramírez aclaró que no guarda relación alguna con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/050/2007, ni con los hechos descritos en ella. «Cualquier intento de vincularme con actos ilícitos o con organizaciones criminales es completamente infundado», afirmó, enfatizando que se trata de una simple coincidencia de nombres sin sustento legal.
El magistrado rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como falsas y un atentado contra su honor y trayectoria profesional de más de 30 años en el Poder Judicial de la Federación (PJF). Resaltó que nunca trabajó en la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Además, señaló que la «campaña de desprestigio» coincidió con la evaluación de su elegibilidad para una magistratura federal de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México.
Morales Ramírez entregó copia de la orden de aprehensión del 5 de agosto de 2007, emitida por la jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Silvia Carrasco Corona, donde la PGR buscaba a 15 personas, entre ellas, al agente del Ministerio Público Federal con su mismo nombre. Dicha orden detalla el testimonio de un testigo sobre el intento de trasiego de pseudoefedrina desde Emiratos Árabes Unidos a México, con destino final a Jalisco y Michoacán para la producción de «cristal». El documento también menciona la intervención del agente homónimo en la Aduana del AICM, intentando asegurar la carga.
El magistrado reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para aclarar la situación dentro del debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia. Afirmó que no ha sido requerido ni ha participado en procesos relacionados con la investigación.
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