El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó controversia al aprobar un acuerdo que restringe el derecho de audiencia en el proceso de revisión de asuntos judiciales.
Según la ministra Lenia Batres Guadarrama, esta medida pone en peligro el acceso a la justicia y la transparencia en el sistema judicial.
La ministra Batres informó que, conforme al nuevo acuerdo, las solicitudes de audiencias públicas deben presentarse antes de que los ministros tengan acceso al proyecto correspondiente. Sin embargo, este momento ocurre internamente cuando el proyecto es entregado a la Secretaría General de la SCJN, sin un registro público inmediato. Esto dificulta que los interesados conozcan la información a tiempo para ejercer su derecho de audiencia.
Esta decisión surge tras la falta de respuesta a las peticiones de comunidades indígenas que buscaban presentar sus argumentos en controversias constitucionales recientes. La ministra señaló que, desde 2014, la SCJN ha invalidado 82 normas generales por falta de consulta indígena, siendo el 78% de estos fallos emitidos en los últimos cinco años.
La ministra Batres enfatizó que la SCJN ha anulado leyes que beneficiaban a las comunidades indígenas, afectando sus derechos bajo el pretexto de preservarlos. Con esta nueva decisión, se ve comprometida la transparencia y la igualdad en el ejercicio del derecho de audiencia, especialmente en casos que afectan a los pueblos originarios.
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