Rocío García Ramírez, quien trabajaba en “Acciona Energía”, fue diagnosticada con cáncer, lo que resultó en que la empresa la despidiera; al postularse para un puesto superior vacante, le solicitaron sus estudios médicos donde se revelaba su enfermedad, lo que llevó a su despido.
El corporativo argumentó pérdida de confianza hacia Rocío por lo que rescindió su contrato laboral, luego de que la parte afectada demandó por vía laboral y ganó el juicio, sentando el primer precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho a la no discriminación laboral por enfermedad, al tiempo que la Junta de Conciliación y Arbitraje del conocimiento falló a su favor.
«El despido de una persona con discapacidad sin una causa justificada, o que ésta se relacione directamente con su vulnerabilidad, presupone un acto de discriminación» así lo reconoce la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación.
Sin embargo, la justicia no pudo alcanzar a la empresa Acciona Energía quien se negó abiertamente a reinstalarla en total desacato a lo ordenado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló la afectada.
Tras años de intentos fallidos por lograr su reinstalación, habiendo agotado todos los medios Rocío tuvo a su alcance, ante la total desesperación de tener que afrontar no sólo los altos costos de su enfermedad sino el costo de años de batalla legal, fue orillada a suscribir un convenio con la empresa ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que conoció del asunto, renunciando a la reinstalación que había ordenado la Corte para poder recibir la indemnización que le correspondía.
Pero la batalla legal no terminó ahí, pues ahora la empresa contrademandó a Rocío argumentando haber sido dañada en su imagen, por lo que exige una disculpa pública y que se le prohíba a Rocío expresarse sobre el tema en redes sociales y en medios de comunicación.
Es decir, no sólo la discriminó corriéndola por tener cancer, se opuso a cumplir con el fallo de la Corte, de 2017, cuyo ponente fue el ministro Javier Laínez Potisek, pero no la reinstalaron, sino que ahora además está llevando a cabo una persecución legal para lograr censurarla.
Lo anterior a través del influyentismo que el despacho encargado de la demanda ejerce sobre el Poder Judicial de la Federación, ya que su titular es un ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien busca a toda costa censurar la libre expresión de una víctima de discriminación para que no pueda hablar de su caso e impedir sentar un nuevo precedente que condene a las empresas que hacen o intenten hacer lo mismo que le hicieron a Rocío, se acusó.
La lucha emprendida por Rocío de más de 10 años ahora se ha tornado en que se finque responsabilidad a la empresa por el daño que le ha ocasionado durante todos este tiempo y en impedir que se suprima su libertad de expresión por la empresa que la discriminó.
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