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Admite Tribunal Federal ampar contra resolución que evitó procesar a ex subsecretario de SEDATU

Un Tribunal Federal admitió a trámite el amparo promovido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la resolución que evitó el procesamiento del ex subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Enrique González Tiburcio, por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Indígena de México por 106 millones de pesos, en el caso conocido como la Estafa Maestra.

La ASF busca echar abajo la resolución que ratificó el auto de no vinculación a proceso de González Tiburcio y ahora el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal deberá dictar sentencia en un plazo de tres meses.

González Tiburcio enfrenta otras tres causas penales federales por los probables delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a autoridad.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó la resolución dictada en primera instancia por un juez de control, que consideró que no hay indicios que demuestren que el ex servidor público haya incurrido en malos manejos por 106 millones de pesos.

La ASF promovió el amparo contra la resolución que ratificó el auto de no vinculación a proceso de González Tiburcio, en la causa penal 113/2022, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur.

Ahora, el Tribunal Federal deberá analizar si el ex funcionario debe ser procesado penalmente por la firma del convenio de colaboración.

En este asunto, la Fiscalía General de la República (FGR) ya no puede intervenir porque el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó el auto de no vinculación a proceso. Sin embargo, la ASF como parte ofendida promovió el amparo contra la resolución que ratificó el auto de no vinculación a proceso de 21 de abril de 2023, a favor de González Tiburcio.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal dio entrada a la demanda de garantías y en un plazo de tres meses deberá dictar sentencia.

Eduardo Yañez

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