Tres semanas antes de ser asesinado, Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, hizo público un llamado al gobierno federal al denunciar que, a inicios de octubre, retiraron más de 200 elementos de la Guardia Nacional enviado al municipio para reforzar los operativos de seguridad.
En un mensaje difundido el 8 de octubre en sus redes sociales, Manzo advirtió que el retiro de los elementos dejaba a la ciudad “en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado”, luego de que la presencia federal había demostrado eficacia en los aseguramientos conjuntos con otras fuerzas de seguridad.
El alcalde hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para que restablecieran el apoyo federal, pues consideró que la policía municipal carece de capacidad suficiente frente a los grupos criminales que operan en la región.
Manzo reconoció las limitaciones del ámbito municipal y recalcó que el combate al crimen organizado corresponde al fuero federal. También pidió a la población compartir su mensaje para que llegara a instancias superiores.
Este señalamiento adquiere relevancia en el contexto del homicidio del alcalde, suscitado el 1 de noviembre, ya que su reclamo anticipaba un debilitamiento de la seguridad en el municipio. Las autoridades federales han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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