Aplazan, hasta 2030, que deudores alimentarios o violentadores ocupen cargos públicos

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó aplazar, por seis años, la entrada en vigor de la normatividad que busca impedir que deudores alimentarios, violentadores y agresores sexuales ocupen cargos públicos.
Lo anterior, al avalar cambios al artículo tercero transitorio de la Constitución capitalina en la que se señalaba que esta y otras acciones en materia de relaciones laborales de las instituciones públicas con los trabajadores entraría en vigor el próximo sábado 31 de agosto.
No obstante, en la última sesión extraordinaria de la II Legislatura, a través de un dictamen “disfrazado” -elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Presupuesto y Cuenta Pública- que supuestamente buscaba impulsar el resguardo de mujeres y niñas en situación de violencia en refugios o casas de emergencia, los morenista incluyeron la modificación del transitorio mencionado para que entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2030.
Ante esta situación, la vicecoordinadora del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena denunció la “trampa” que escondieron en este dictamen, toda vez que “protege a deudores alimentarios que laboran en el Gobierno local”.
Dejó en claro que no puede darse ni un paso atrás en lo que ya se ha logrado, pues “ningún agresor debe estar en el poder”.
Recordó que el 23 de noviembre pasado acompañaron la reforma constitucional de la llamada “Ley 3 de 3” contra la violencia, en la que se prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.
“¿Cuál es la agenda oculta para proponer que todo lo que tenga que ver con relaciones laborales se difiera hasta el año 2030? ¿A quién intentan proteger, para que a pesar de haber sido sentenciado por violencia de género o por ser deudor alimentario, pueda ocupar un cargo en el gobierno? Esta no es una decisión que deba ser apoyar por línea partidaria o gubernamental, debemos mantenernos unidas en sororidad ante esta decisión que pretenden imponernos”, concluyó.