La Secretaría de Economía y la Semarnat implementaron medidas restrictivas para la importación de vehículos pesados, marcando un hito en la regulación ambiental del sector.
A un año del compromiso adquirido con la Cámara Nacional del Autotransporte (CANACAR), el Gobierno de México presentó el instrumento que condiciona la importación definitiva de vehículos usados con motor diésel y un peso bruto vehicular superior a 3,857 kilogramos.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció que se ha prohibido la importación de vehículos que no cumplan con las normas ambientales vigentes en México, instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial, busca beneficiar a todos los ciudadanos al limitar la entrada de camiones antiguos e inseguros, reducir emisiones contaminantes, mejorar la seguridad vial y proteger la salud pública.
Las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales han establecido límites en el año de fabricación de los motores diésel de los camiones usados importados, requiriendo que la aduana verifique que el motor no tenga más de 10 años de antigüedad.
Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, subrayó el compromiso de descarbonizar la economía mexicana, aspirando a un crecimiento productivo sin contaminación, mediante la reducción de emisiones del sector transporte.
El acuerdo busca regular de forma estricta, permitiendo solo la importación de unidades de hasta 10 años que cumplan con los estándares internacionales más rigurosos.
Cuidar la calidad del aire se considera fundamental para el desarrollo de una economía moderna, limpia y sostenible, impulsada por la presidenta Sheinbaum a través del Plan México, que busca prosperidad compartida y equilibrio con la naturaleza.
Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de CANACAR, destacó que este acuerdo es el resultado de más de dos años de colaboración interinstitucional entre la Presidencia, las Secretarías de Economía y Medio Ambiente, CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial, ANPACT y CANACAR. Esta iniciativa aborda una problemática que afectaba al sector, ofreciendo una solución integral y equilibrada.
El acuerdo responde a la necesidad de regular la importación de tecnologías que no cumplen con los estándares nacionales, afectando el medio ambiente y la seguridad. Esta medida, congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, permitirá mitigar las emisiones de camiones diésel en un 90% y preservar el empleo en la industria nacional, sin contravenir compromisos comerciales internacionales.
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