La audiencia intermedia programada para el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue pospuesta debido a serias acusaciones de falta de imparcialidad y legalidad contra el juez a cargo. La Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que el juzgador ha emitido resoluciones desfavorables en el caso penal de Odebrecht, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad.
Se reveló que existe una investigación en curso contra el juez, iniciada en septiembre de 2023, así como contra tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal. Estas acusaciones están actualmente bajo la supervisión de la Fiscalía Especial de Investigación de Servidores Públicos, lo que llevó a la solicitud de recusación del juez y su separación del caso.
Durante una extensa sesión en la que la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y representantes de Pemex expusieron sus argumentos, se cuestionó la idoneidad del juez Genaro Alarcón López, del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, para continuar presidiendo este caso.
La defensa de Emilio Lozoya, liderada por Alejandro Rojas Pruneda y Eduardo Fuentes Selestrín, expresó su descontento ante las acusaciones de la FGR contra la integridad del juez.
A pesar de las alegaciones, el juez Alarcón López afirmó no tener conocimiento de la investigación en su contra ni de los motivos que la sustentan. Sin embargo, reveló el nombre del denunciante, el fiscal Kristhian Javier Jiménez Hernández, quien también señaló a tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal.
En un intento por mantener la imparcialidad, Alarcón López aseguró que sus decisiones se basan en criterios jurídicos y en la información presentada por las partes, sin influencias externas.
Ante la solicitud de recusación, el juez declaró infundada la petición, reafirmando su competencia para seguir conociendo el caso. No obstante, decidió posponer la audiencia hasta que el Tribunal Colegiado resuelva esta cuestión.
Estas acusaciones han generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso legal y la imparcialidad en el caso de Emilio Lozoya, cuya audiencia intermedia se ha visto afectada por las dudas sobre la imparcialidad del juez a cargo.
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