El pleno del Congreso de la Ciudad de México avaló, por unanimidad en sesión extraordinaria, destinar un presupuesto público anual para el mantenimiento de unidades habitacionales de la capital.
Además de elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, a través de los comedores públicos y comunitarios.
Respecto a las unidades habitacionales para hacer posible recursos para mejoramiento de los inmuebles, principalmente, de interés social se adicionó un numeral 5 al apartado E del artículo 9 de la Constitución local.
Esté planteamiento, que fue propuesta del jefe de gobierno, Martí Batres, expone que la asignación presupuestal será determinada de conformidad con las reglas de operación que se emitan para este programa.
“Con lo anterior, en el corto plazo las alcaldías podrán tener facultades para apoyar en las necesidades y requerimientos que presentan las Unidades Habitacionales de la capital”, la coordinadora de Morena, Martha Ávila.
En tanto, también se aprobó elevar a rango constitucional los comedores comunitarios y públicos para garantizar el derecho a la alimentación.
En otras palabras estos dejan de ser un programa para convertirse en un derecho social obligatorio para las autoridades locales.
Para esto se adicionó un segundo párrafo al apartado C, numeral 2 del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Esto también fue propuesta de Batres Guadarrama, quien impulsó este proyecto en 2009 cuando era secretario de desarrollo social.
“Se inscribe en la Constitución de la Ciudad de México el Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios que asegura el derecho a la alimentación, pero además, estos comedores incluyen, reparan y afianzan a la comunidad. Son el lugar común que todas necesitamos”, apuntó la legisladora del PRD, Polimnia Romana.
Cabe destacar que cerca de 414 comedores comunitarios para el bienestar ofrecen raciones a bajo costo, con una cuota de recuperación de 11 pesos la población; y los 64 comedores públicos se ofrecen alimentos de forma gratuita.
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