El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa se dirigió a Iguala, Guerrero, para abordar autobuses que los llevarían a la Ciudad de México, para la manifestación del 2 de octubre por la represión estudiantil ocurrida en 1968, uno de los hechos de mayor tensión social en la historia nacional. Los normalistas no sabrían que estarían a punto de formar parte de un episodio cruento. A siete años de la desaparición forzada de los jóvenes, el caso aún tiene muchas preguntas. El gobierno de Enrique Peña Nieto trató de darle fin con la «verdad histórica», que actualmente perdió credibilidad, porque «fue una averiguación previa hecha a modo», en la que estuvieron involucradas la tortura y se manipuló la evidencia, indicó el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo.Por ello, aquí hacemos un recorrido año con año en los avances y cambios en la investigación y todo lo que la rodea, poniendo el foco en los últimos años, los de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- Reunión
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los normalistas y llegaron a tres acuerdos básicos para avanzar en la investigación del caso Iguala.
- AMLO firma decreto para creación de comisión de la verdad
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, que se encargaría de esclarecer e impartir justicia en torno a la desaparición de los 43 normalistas de la escuela normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
«Con la firma de este decreto comenzamos con el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, ese fue el compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la Comisión que se va a integrar para la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguró que no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro», dijo López Obrador tras la firma del decreto.
A inicios de año, el martes 15 de enero, se instaló la «Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el Caso Ayotzinapa” por decreto presidencial semanas antes, durante el primer acto de gobierno de el Ejecutivo federal.
“Hoy 15 de enero de 2019, estamos aquí para dar cumplimiento al decreto presidencial. Hoy instalamos la comisión que deberá coadyuvar a conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, en los hechos que provocaron la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa”, dijo la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La funcionaria afirmó que el objetivo de la comisión es coadyuvar al esclarecimiento de la verdad “sin importar quiénes hayan sido y qué cargos ocupaban” los responsables. «Vamos a esclarecer los hechos, vamos a saber la verdad», dijo.
- Mecanismo con CIDH
El 11 de marzo, el gobierno federal en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la creación de un mecanismo especial internacional para apoyar la investigación sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, detalló que el mecanismo se integraría con un Grupo de Apoyo Técnico (GAT), conformado especialistas que acompañarán las investigaciones; tendría la asistencia técnica de la CIDH, para apoyar el desarrollo de capacidades institucionales respecto a la atención búsqueda, y contaría con un plan de trabajo mediante el cual se reportarían las actividades y los recursos utilizados.
- Firma de convenio para asesoría de ONU
El 8 de abril el gobierno federal estableció un convenio de colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para recibir asesoría y asistencia Técnica en las investigaciones de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa.La alta comisionada Michelle Bachelet reconoció la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” por ser un caso paradigmático que muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta el sistema para atender las violaciones a los derechos humanos.
“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano.
- Reuniones
Durante el 2019 los padres de los normalistas, así como su defensa y las sostuvieron reuniones con distintos actores políticos y judiciales para avanzar en las investigaciones y dar seguimiento al esclarecimiento de la desaparición.Una de las reuniones fue la del 28 de marzo con el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que también participó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Asimismo, la comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, fue constante y pública, con varios encuentros a lo largo del año.
- Recompensa
El Presidente informó el 26 de septiembre que ofrecerían una recompensa de un millón 500 mil pesos para quien proporcionara información sobre el paradero de los 43 jóvenes, y otra de 10 millones de pesos por el paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales perpetradores en la desaparición de los estudiantes. Ese mismo día el subsecretario Encinas aseveró que se han encontrado 184 cuerpos en fosas clandestinas, pero «ninguno es el de los muchachos», y aseguró que el gobierno anterior interpuso 200 amparos contra la creación de la comisión de la verdad.
- Revisión de teléfonos
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que tras el análisis de millones de datos de telefonía celular, una de las primeras conclusiones es que ninguno de los estudiantes de Ayotzinapa tuvo contacto con algún grupo delictivo.
“Se han analizado 80 millones de registros de llamadas de los teléfonos de los muchachos con 206 mil registros de interés y aunque no puedo decir detalles sí quiero aclarar que nunca hubo contacto de algún estudiante con ningún grupo delictivo”, dijo en conferencia de prensa el 26 de septiembre.
- Liberan a El Gil
El 2 de septiembre Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto líder de Guerreros Unidos, quien de acuerdo con la Procuraduría General de la República, ordenó el levantamiento y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, revelaron funcionarios del gobierno federal. El juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federal con residencia en de Tamaulipas, absolvió a El Gil del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, del cual fue acusado por la PGR en perjuicio de los 43 estudiantes.
- Abogado reconoce avances lentos en investigación
El 9 de enero, tras una tercera reunión con el Presidente, la defensa de los padres de los 43 estudiantes aseguraron que había pocos avances en el caso, a diferencia de la administración anterior «en donde fueron cuatro años de mentiras».
“Lo que se tiene ahora es la construcción de un andamiaje jurídico institucional con la consolidación del fiscal especial, con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, con una actividad muy importante de búsqueda (..) para poder caminar de manera mas rápida en el 2020”, indicó su abogado, Vidulfo Rosales.
Un juez federal vinculó a proceso a Ezequiel ‘N’, director de área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a Isidro ‘N’, encargado de la seguridad en la Cámara de Diputados, así como al elemento de la Secretaría de Marina, Ariel ‘N’, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República,(FGR) los acusó de dichos delitos en agravio de Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por el secuestro y desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014
Un juez federal vinculó a proceso a Ezequiel ‘N’, director de área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a Isidro ‘N’, encargado de la seguridad en la Cámara de Diputados, así como al elemento de la Secretaría de Marina, Ariel ‘N’, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República,(FGR) los acusó de dichos delitos en agravio de Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por el secuestro y desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.