Buscan incorporar a “las madres buscadoras” en procesos de investigación de la CdMx

El PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso que las madres buscadoras deben ser incorporadas a los procesos de investigación, búsqueda y localización que realicen las autoridades capitalinas.

Esto quedaría establecido en una reforma a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México a fin de establecer el carácter de coadyuvantes en la búsqueda de personas, a las denominadas madres buscadoras.

Al hacer uso de la voz, la diputada panista y promotora de esta iniciativa, Laura Alejandra Álvarez Soto refirió que también tendrán el derecho a conocer todas las actuaciones por parte de las autoridades durante el proceso de búsqueda.

Refirió que de igual forma se busca que la autoridad investigadora habilite en el Sistema integral de víctimas del Estado, la administración de un registro de madres buscadoras para incorporarlas plena y totalmente a esta tarea.

Asimismo, se deben destinar recursos de manera directa del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas a las madres buscadoras del Estado de Chihuahua para acciones de capacitación en la búsqueda y localización de personas, así como para su protección, dotándoles del carácter de coadyuvantes en la investigación.

“De esta manera, no solo reconocemos la existencia y la labor que realizan las madres buscadoras, sino que además, les damos una denominación expresa en la Ley de Víctimas, al tiempo que se identifica su carácter de coadyuvantes y por tanto, la obligación del estado para dotarles de elementos para la realización eficaz de su labor, protegidas y debidamente salvaguardadas ya no como una acción de buena voluntad de las instituciones investigadoras sino como una obligación establecida en el marco jurídico de la Ciudad de México”, señaló.
Puntualizó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México deberá emitir lineamientos operativos para capacitar a los Ministerios Públicos a fin de incorporar a las madres buscadoras en las investigaciones en un plazo de 90 días.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Víctimas para su análisis y dictaminación.