Certificaciones bajo sospecha y #LadyCorrupción

Sepa La Bola

Claudia Bolaños

Y Sepa La Bola…pero en los corredores de las compras públicas el nombre de PSE Pegaso Servicios Institucionales dejó de ser el de una empresa más de limpieza para convertirse en un caso incómodo que ya revisa la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Las alertas apuntan a presuntas irregularidades en la obtención de certificaciones de Normas Oficiales Mexicanas, particularmente las vinculadas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El primer ruido vino de adentro. Empleados y ex empleados refieren prácticas simuladas para acreditar la NOM-035-STPS-2018, con cuestionarios que ya llegaban llenos y que el personal sólo debía firmar.

Una trabajadora, que pidió anonimato por temor a represalias, relata que cuando buscó apoyo por acoso y estrés laboral le respondieron que “no se podía hacer nada” porque el examen ya demostraba un buen ambiente, certificación que, asegura, se obtuvo con hojas firmadas sin explicar su verdadero alcance. Si esto se confirma, no sería un error administrativo, sino una simulación que vacía de contenido una norma diseñada para prevenir riesgos psicosociales.

El segundo frente es el de las licitaciones.

Empresarios del sector farmacéutico interpusieron recursos para impugnar contratos otorgados a PSE Pegaso por considerar que no hubo piso parejo.

La pregunta es evidente: cómo una firma dedicada a la limpieza pasó, en tiempo récord, a surtir insumos médicos y a ganar procesos como LA-12-NEF-012NEF001-I-59-2025, AA-12-NEF-012NEF001-I-18-2025 y LA-12-NEF-012NEF001-I-97-2025.

El perfil de quien figura como administrador único, Alexander Van der Toyos López Moctezuma, añade contexto. Fue director de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Sonora y su nombre aparece en la carpeta AP/PGR/SON/FISC/092/2016, relacionada con el presunto desvío de más de nueve millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés.

Ese antecedente alimenta la exigencia de revisar a fondo cómo se evaluaron propuestas y adjudicaciones.

La imagen pública tampoco ayuda. En su sitio web, PSE 0Pegaso presume transparencia y responsabilidad social, pero los enlaces de denuncias y cumplimiento están deshabilitados; los apartados de insumos médicos y construcción dicen “próximamente”.

Mucho discurso, poca evidencia.
Por eso, empresarios y trabajadores coinciden en el mismo punto: que Anticorrupción audite contratos y que la autoridad laboral verifique que las normas se cumplan de verdad.

Sepa La Bola…pero cuando la lupa oficial se posa, las certificaciones exprés suelen perder brillo.

Y Sepa La Bola pero según denuncias internas y vecinale, en el sector 60, conocido como “Ciervo”, donde desde 2021 se arrastran señalamientos por presuntas irregularidades que no han tenido respuesta institucional,
un nombre que aparece de forma recurrente en estos testimonios es el de Liliana Coronado Vallejo, exdirectora de ese sector y hoy coordinadora de seguridad en la alcaldía Iztacalco. Entre los propios elementos se le conoce como “Lady Corrupción”, apodo que contrasta con la imagen que ella misma proyecta en redes sociales, donde se presenta como “La Reina Anticorrupción” y presume cercanía con la hoy presidenta de México desde su etapa como jefa de Gobierno capitalina.

La inconformidad, dicen los policías, no se limita a la narrativa pública, sino a la distancia entre el discurso y lo que ocurre en el día a día del sector Ciervo. Uno de los puntos que más genera molestia es el nivel de vida de la funcionaria frente a los ingresos que declara oficialmente. De acuerdo con información recabada por este espacio, Liliana Coronado posee o utiliza varios vehículos de alta gama cuyo valor conjunto supera, según precios de mercado, los cuatro millones de pesos, aunque en su declaración patrimonial solo aparece reportado un automóvil.

A esta situación se suman vehículos que, según los denunciantes, están en manos de sus hijos, ambos vinculados también a la Policía Auxiliar. Para los policías de base resulta incomprensible que, con sueldos que rondan los diez mil pesos mensuales, puedan circular en autos valuados en cientos de miles de pesos. El contraste es evidente frente a quienes, con años de servicio, apenas logran cubrir sus necesidades básicas.

Pero el malestar no se queda en la ostentación. Elementos del sector Ciervo aseguran que durante la gestión de Coronado Vallejo se normalizaron prácticas que consideran corruptas: cobros por turno, pagos para obtener mejores patrullas, sanciones económicas informales y, de manera reiterada, el presunto desvío de combustible.

Relatan que algunas unidades que deberían patrullar permanecen detenidas mientras se les extrae gasolina de forma sistemática, para después ser enviadas a cargar nuevamente, muchas veces en horarios de madrugada para evitar miradas incómodas. Para los policías, se trata de un “huachicol” institucionalizado que nadie parece querer investigar.

Tras su salida del sector 60, lejos de desmantelarse estas prácticas, los denunciantes sostienen que quedaron en manos de una persona de su absoluta confianza, lo que refuerza la percepción de continuidad y protección interna.

Las cifras oficiales tampoco ayudan a despejar dudas. Según datos públicos, la servidora reporta ingresos anuales por alrededor de 720 mil pesos y la compra de una vivienda de contado en 2021 por un valor cercano a los 700 mil pesos. Para quienes conocen los sueldos reales dentro de la corporación, las cuentas simplemente no cuadran.

La pregunta es inevitable: ¿están enterados los mandos superiores de la Policía Auxiliar de estas denuncias? ¿O, una vez más, el silencio institucional sirve como escudo? Porque cuando nadie investiga y nadie pregunta, la impunidad deja de ser excepción y se convierte en regla. Y en el sector Ciervo, según quienes lo viven desde dentro, “Lady Corrupción” sigue intocable.