Comunidad científica insta a la Corte a resolver constitucionalidad de la Ley General en Materia de Humanidades

Diversas organizaciones científicas y bufetes legales presentaron una excitativa de justicia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de que los ministros del Alto Tribunal retomen la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

En septiembre de 2023, la Corte instruyó a los Tribunales Colegiados a posponer las resoluciones respecto a los amparos contra el decreto que promulgó dicha ley el 8 de mayo del mismo año, con el fin de evitar fallos contradictorios y emitir un criterio unificado sobre el tema.

El abogado Rodrigo Cervantes, en representación de Uniendo Caminos México y Tojil Eek, presentó el documento en la oficialía de partes de la SCJN en nombre de varias organizaciones. Cervantes expresó que, a más de un año de la publicación de la ley, aún no se ha resuelto el asunto y que la Corte no ha mostrado el interés necesario, lo que justifica esta acción.

Cervantes destacó que los amparos presentados por miembros de la comunidad científica argumentan la pérdida de derechos y que algunos jueces han emitido resoluciones que afectan a los demandantes. Por ello, solicitan a la Corte que aborde el estudio de las acciones de inconstitucionalidad.

Es importante recordar que en agosto pasado, poco antes de dejar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel Miranda urgió a la Corte a resolver de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra esta ley.

La Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación fue aprobada en abril de 2023 por Morena y sus aliados en el Senado, en un proceso conocido como el «viernes negro», lo que desencadenó impugnaciones por parte de la oposición en la Corte.

Las acciones contra esta ley buscan proteger a más de 1,700 investigadores de instituciones privadas y a decenas de miles de estudiantes de universidades privadas, quienes podrían enfrentar discriminación en el acceso a apoyos para investigación e innovación.