La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó por unanimidad la constitucionalidad de las sanciones establecidas en el Código Penal del Estado de México para quienes cometen robos en transporte público.
El proyecto propuesto por la ministra Margarita Ríos Farjat recibió el respaldo unánime de la Sala, al negar la protección de la justicia a Jorge Alberto, quien impugnó las agravantes establecidas para este delito.
Según el expediente, Jorge Alberto fue acusado de robo agravado en una camioneta de transporte público en el Estado de México, utilizando una navaja y lenguaje amenazante mientras exigía las pertenencias de los pasajeros.
La sentencia impuesta fue de 23 años y seis meses de prisión, debido a la gravedad del delito y al hecho de que ocurrió en un medio de transporte público y con violencia moral.
A pesar de que el Tribunal Colegiado confirmó la condena en segunda instancia, Jorge Alberto presentó un juicio de amparo directo argumentando que las disposiciones del Código Penal del Estado de México eran ambiguas y generaban una doble pena.
La Primera Sala analizó detalladamente si estas normas violaban el principio de exacta aplicación de la ley penal y la prohibición de imponer doble castigo por la misma conducta delictiva.
La ministra Ríos Farjat concluyó que las circunstancias agravantes del delito de robo en transporte público, descritas en las normas impugnadas, son claras y no sancionan el delito de robo en sí, sino las circunstancias en las que se realiza.
En este sentido, la Sala determinó la constitucionalidad de las agravantes en el delito de robo, específicamente las relacionadas con la violencia y la comisión del delito en un medio de transporte público de pasajeros, reguladas en el Código Penal para el Estado de México.
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