La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará un amparo que impugna la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO). La ministra Margarita Ríos Farjat propone amparar al quejoso, Adrián Alegre Hernández, no para liberarlo, sino para obligar a la Fiscalía General de la República (FGR) a justificar la necesidad de mantenerlo en prisión.
El proyecto de Ríos Farjat no ordena la liberación del detenido, sino que busca evitar la aplicación automática de la PPO, permitiendo a la fiscalía argumentar por qué la persona debe permanecer en prisión. La resolución tendría impacto solo en el caso específico del quejoso.
Un aspecto relevante es la postura que tomará la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien se integrará a la Corte el 1 de septiembre. Se espera que Ortiz Ahlf participe en la discusión de la acción de inconstitucionalidad 49/2021, que busca declarar inconvencional la PPO. Ríos Farjat, quien elaboró tanto el proyecto de amparo como el de la acción de inconstitucionalidad, mantiene una línea argumentativa consistente.
El caso se originó tras la detención de Alegre Hernández durante una riña, en posesión de narcóticos, un arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Un juez de control le impuso la PPO, al estar uno de los delitos atribuidos contemplado en el artículo 19 de la Constitución Federal.
Un juez de Distrito otorgó el amparo, considerando la PPO contraria a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ordenó debatir la imposición de la medida. La FGR apeló, y un Tribunal Colegiado solicitó a la SCJN atraer el caso.
El proyecto de Ríos Farjat, a discutirse el 13 de agosto, propone una interpretación de la PPO conforme a los derechos humanos. Sugiere que el artículo 19 constitucional no obliga al juez a imponer automáticamente la prisión, sino a abrir un debate sobre su necesidad. La medida solo se aplicaría para asegurar la comparecencia del imputado, proteger a víctimas o testigos, o evitar la obstrucción de la investigación.
Ríos Farjat, quien dejará su cargo el 31 de agosto, busca un sistema penal más justo, en armonía con la jurisprudencia interamericana. Su objetivo es evitar la afectación arbitraria de derechos fundamentales como la libertad personal, la presunción de inocencia y el debido proceso.
De aprobarse el proyecto, se deberán seguir los siguientes lineamientos:
1. Dejar sin efectos la PPO decretada.
2. En un plazo razonable, la fiscalía deberá justificar la necesidad de la medida.
3. En la audiencia, se abrirá un debate sobre la imposición de la PPO, evaluando si es la única medida que garantiza la comparecencia del imputado, la continuación del procedimiento y la seguridad de las personas intervinientes y de la sociedad. Se deberán considerar los principios de subsidiariedad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
4. La autoridad judicial deberá interpretar la PPO conforme a los términos fijados en esta sentencia, apartándose de criterios previos sobre su inaplicación.
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