El Pleno de la SCJN falló a favor de la transparencia, exigiendo la entrega de información sobre almirantes y capacitación naval, previamente divulgada por el gobierno.
En una decisión unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha instruido a la Presidencia de la República a divulgar información concerniente a 15 oficios que detallan nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes de la Secretaría de Marina (Semar). La orden también incluye datos sobre la capacitación y el adiestramiento del personal naval en ejercicios multinacionales.
El Pleno de la SCJN desestimó el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia. La ministra Loretta Ortiz Ahlf, ponente en el caso, argumentó que gran parte de la información en cuestión ya había sido divulgada por el gobierno federal durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La ministra María Estela Ríos González se declaró impedida en este asunto, debido a que, en su anterior cargo como consejera jurídica de la Presidencia, había firmado los recursos interpuestos ante la Corte durante el sexenio pasado.
La controversia surgió a raíz de una resolución del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), emitida el 8 de junio de 2022, que ordenaba a la Presidencia hacer pública la información solicitada.
Durante la sesión, la ministra Ortiz Ahlf enfatizó que la información contenida en los oficios ya es de dominio público y ha sido publicada por las propias autoridades. “Es difícil visualizar cómo la entrega oficial de estos documentos, que replican datos ya conocidos, podría configurar un riesgo real para la seguridad nacional”, señaló.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que la divulgación se limita a la información que no comprometa la seguridad nacional. Se deberá realizar un cotejo exhaustivo para testar cualquier dato que no haya sido previamente divulgado y que pueda representar un riesgo.
La decisión final recae en el secretario particular de la Presidencia, quien deberá evaluar qué información ya es pública y cuál debe permanecer reservada para proteger la seguridad nacional.
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