Debate en la SCJN: Acceso a la Información vs. Seguridad de Funcionarios de la FGR

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) experimentó una división interna en torno al derecho de acceso a la información pública, específicamente en lo que respecta a la divulgación de datos de funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una sesión reciente, ministras como Sara Irene Herrerías y María Estela Ríos González manifestaron su inquietud sobre los posibles riesgos que podría acarrear la revelación de información personal de funcionarios de la FGR, argumentando que la situación actual del país podría poner en peligro sus vidas.

Sara Irene Herrerías, quien previamente se desempeñó como fiscal en la FGR, enfatizó que, si bien reconoce la importancia del derecho a la información y la transparencia, considera que «el derecho a la vida es más importante», sugiriendo que la Constitución establece límites al derecho a la información, pero no al derecho a la vida.

Este debate surgió a raíz de la presentación de dos proyectos por parte de la ministra Loretta Ortiz Ahfl, en los que proponía desestimar los argumentos de la FGR en dos controversias constitucionales. La FGR impugnó la orden del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de revelar el nivel de cargo, sueldo y dirección de Verónica Athenea Maldonado Cruz y Lesly Giovana Moreno Moreno, integrantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Atención de Delitos Electorales (Fisel).

Ortiz Ahfl argumentó que la información sobre estas funcionarias es pública, ya que ellas mismas han divulgado su trabajo en la Fisel en diversos foros. Sin embargo, María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia, se opuso a la propuesta, señalando la necesidad de considerar la «realidad social» y el clima de violencia en el país, donde la delincuencia organizada, incluso la electoral, podría poner en peligro la vida de estas personas.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa también expresó su oposición, argumentando que la difusión de datos de empleados de una Fiscalía Especializada debilita la seguridad pública y pone en riesgo la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas.

Por su parte, el ministro Arístides Guerrero García reconoció la situación de inseguridad en México, pero señaló que la información solicitada ya ha sido divulgada por diversos medios, incluyendo las propias funcionarias en foros académicos.

Finalmente, la propuesta de Loretta Ortiz fue aprobada con el apoyo del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien se sumó al voto de la mayoría, obligando a la FGR a entregar la información solicitada.

En una tercera controversia, la Corte también respaldó otro proyecto de Loretta Ortiz, que negaba la información solicitada a la FGR por un ciudadano, argumentando que los datos podrían afectar la seguridad nacional a través de la «teoría del mosaico». Esta metodología implica recopilar información dispersa para obtener una visión completa que podría ser utilizada con fines malintencionados o para llevar a cabo actos de contrainteligencia.