Con 456 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que busca establecer un marco legal uniforme en todo el país para combatir este delito, considerado uno de los de mayor impacto social y económico.
La nueva norma, derivada de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con once propuestas de legisladores de Morena, PAN, PVEM y PT, define competencias y mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, perseguir y sancionar la extorsión y los delitos vinculados.
La ley establece penas de seis a quince años de prisión y multas de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien obligue a otra persona, sin derecho, a realizar o tolerar un acto que genere beneficio o lucro indebido, causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico. Además, determina que el delito se investigará y perseguirá de oficio y que las víctimas podrán presentar denuncias sin revelar su identidad a través del número 089.
Entre las disposiciones más relevantes, la legislación contempla agravantes que aumentan las penas cuando el delito se comete contra menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas migrantes; cuando se emplean medios digitales o violencia física; o si la extorsión afecta actividades productivas como el comercio o la agricultura.
Asimismo, se prohíbe otorgar beneficios preliberacionales a quienes sean sentenciados por extorsión, salvo en casos excepcionales de colaboración con la justicia. Los centros penitenciarios deberán implementar tecnología que impida el uso de dispositivos electrónicos y de comunicación en su interior para prevenir que este delito se siga cometiendo desde prisión.
La ley también ordena la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el cual tendrá como objetivo recibir, canalizar y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas.
El dictamen incluye reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, dispone que los congresos locales deberán armonizar su legislación en un plazo máximo de 180 días.
Durante la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, informó que se reservaron diversos artículos del nuevo ordenamiento y de las leyes secundarias relacionadas, los cuales serán discutidos en lo particular en el Pleno.
Ante ello, sigue la discusión.
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