El Congreso de Tamaulipas dice “no” y respalda al gobernador quien acusa linchamiento político
El pleno de la Cámara de Diputados ratificó el dictamen de la Sección Instructora y votó a favor del juicio de procedencia para retirar el fuero al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El dictamen fue enviado al Congreso de Tamaulipas para su homologación; sin embargo, éste determinó que no procede. El argumento de la mayoría de los diputados locales al votar fue que el mandatario fue elegido de manera democrática.
García Cabeza de Vaca dijo que su desafuero obedece a un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser oposición.
Al panista se le acusa de defraudación fiscal equiparada.
Después de un debate de seis horas, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó el dictamen de la Sección Instructora y, erigido en Jurado de Procedencia, votó a favor del juicio de procedencia para retirar el fuero al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El mandatario tamaulipeco fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, pero este último fue el único por el que la Sección Instructora encontró elementos para proceder.
Este dictamen, enviado al Congreso de Tamaulipas, obtuvo 302 votos a favor, de Morena, PT, PES y Verde; 134 en contra, del PAN, PRD, MC y algunos del PRI, así como 14 abstenciones.
Después de esta aprobación, se notificó al Congreso de Tamaulipas, el cual más tarde determinó frenar el desafuero y siguir reconociendo al panista como su gobernador constitucional.
“Ha lugar, proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Comuníquese la presente resolución al Congreso del estado de Tamaulipas, para los efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, declaró la presidenta de la Cámara Baja, Dulce María Sauri (PRI).
De acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, después de que un gobernador es desaforado, el pleno de San Lázaro debe enviar este dictamen favorable al Congreso local, para que, “en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Además, el artículo 110 constitucional establece que las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.
En conferencia, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez (Morena), dijo que San Lázaro tomó la decisión de removerle la inmunidad procesal penal al gobernador y, como dice la Constitución, el Congreso local está notificado para que cumpla con la ley y las resoluciones del Jurado de Procedencia, ya que son inatacables, es decir, no hay una instancia de revisión.
“Entonces, nosotros ahí lo dejamos. Lo que ellos hagan en Ciudad Victoria, lo que haga el fiscal, ya será lo que estas autoridades, que son las que tienen que aplicar forzosamente nuestra resolución”, dijo.
“Hasta aquí termina el trabajo de la Cámara, le corresponderá exclusivamente a la fiscalía, conforme al debido proceso y conforme al sigilo que debe tener, garantizar los derechos de la persona a la que hoy solamente se le retiró la inmunidad procesal penal”, secundó el coordinador de Morena, Ignacio Mier.
“No requerimos responder, simplemente concluimos el procedimiento del desafuero. Por mayoría, se definió que procedía el desafuero y, una vez hecha la declaratoria, el Congreso de Tamaulipas tiene las facultades para tomar las medidas que considere”, explicó Sauri Riancho en entrevista en Radio Fórmula.
La priista mencionó que puede proceder una controversia constitucional para dirimir este tema, pero, como se encuentran ante un escenario inédito y delicado, no quiso especular y pidió que sean los constitucionalistas expertos los que digan cuáles son las alternativas.
El Congreso de Tamaulipas rechazó homologar la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con lo que determinó que no procede desaforar al mandatario y que éste conserva el fuero de su cargo.
Con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, en la sesión ordinaria emergente que inició el pasado miércoles y se reanudó la tarde de ayer, fue aprobado el punto de acuerdo mediante el cual se declara que no procede la homologación.
El argumento de la mayoría fue que al mandatario lo eligió democráticamente el pueblo de Tamaulipas. El documento fue leído por la diputada Karla Mar, del PAN.
En el artículo primero, se declara que no procede dicha homologación, mientras que en el segundo se determina no ha lugar retirar la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución de Tamaulipas le otorga a Cabeza de Vaca en su carácter de gobernador.
En el artículo tercero, se reconoce a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por calidad de gobernador de Tamaulipas.
“De ahí que debe seguir fungiendo en el encargo público para el que fue electo 2016, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Tamaulipas”, se lee.
En el debate parlamentario, la diputada Susana Juárez, de Morena, fue la primera legisladora en manifestar su postura a favor del desafuero, y de llevar a juicio político “al gobernador que representa a la corrupción en su máxima expresión y que avergüenza a los tamaulipecos”.
Más adelante, su compañera de bancada Edna Rivera aseguró que el mensaje tendría que ser claro, “nadie por encima de la ley”, afirmó.
Por su parte, el diputado Félix García (PAN) mencionó que estaban ante una resolución unilateral de la Cámara de Diputados, que desestima la competencia de la Legislatura del Congreso de Tamaulipas.
“Este día será recordado en la memoria histórica de México como el día en el que el Congreso tamaulipeco ejerció con firmeza su competencia constitucional y defendió la soberanía del estado”, expresó en tribuna, mientras sus compañeros de bancada panista subieron a brindarle su respaldo.
Con mayor energía, subió a manifestar la postura del PRI la diputada Copitzi Hernández, en contra del desafuero del gobernador constitucional.
“Es un voto que hemos reflexionado en la bancada. Hemos consultado a especialistas, revisado los precedentes judiciales del tema y dado seguimiento al procedimiento de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados”, explicó.
La legisladora cuestionó: “¿Cuál sería el destino de todas las autoridades estatales en el país que se opongan al poder central?”
“La Comisión Instructora, integrada en su mayoría por el partido Morena, parecería tener una prisa injustificable para dictaminar el desafuero, misma que no tuvo para pronunciarse por otros casos, como el gravísimo del diputado federal acusado de pederastia”, citó Hernández.
Calificó la situación como alarmante, “porque es una muestra más de que para ellos la observancia de la Constitución y la observancia de la ley es opcional y que la justicia es selectiva”.
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