El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el desplazamiento registrado en Chilapa, Guerrero, ha dejado hasta el momento 96 personas afectadas, derivado de la violencia generada por grupos delictivos en la zona, la cual es atendida de manera directa por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien se trasladó a las comunidades acompañada de elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y ambulancias.
Detalló que, tras el reporte presentado en el Gabinete de Seguridad, se desplegó presencia de fuerzas federales desde el inicio de la situación, con el objetivo de proteger a la población y evitar mayores riesgos, mientras se privilegia el diálogo para facilitar la salida segura de las personas afectadas.
Indicó que actualmente se mantienen labores en la zona para lograr la evacuación de quienes permanecen en áreas de riesgo, precisando que alrededor de 20 personas continúan en el lugar mientras se generan condiciones para su salida.
El funcionario explicó que el conflicto tiene origen en la disputa entre los grupos “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, aunque subrayó que la población afectada no tiene relación con estas organizaciones. Añadió que el despliegue de seguridad fue reforzado y que se mantiene vigilancia en distintos puntos.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en la zona se reportan al menos tres poblados afectados, así como bloqueos en distintos puntos y personas heridas, aunque no precisó el número total.
“Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil. Primero que nada hay que preservar la vida de las personas”, afirmó la mandataria, al destacar que la estrategia se centra en evitar confrontaciones y priorizar la atención humanitaria.
La presidenta agregó que la estrategia del gobierno federal ante la situación en Chilapa se centra en evitar una confrontación armada que ponga en riesgo a la población civil, privilegiando la atención a heridos y el apoyo a personas desplazadas.
Señaló que, aunque podría optarse por el despliegue inmediato del Ejército para desarmar a los grupos presentes en la zona, esta acción implicaría un alto riesgo de enfrentamientos con posibles víctimas civiles. “Eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso puede ser una confrontación muy grave”, advirtió.
La mandataria subrayó que la política de seguridad busca reducir al mínimo el número de heridos en cualquier operación, por lo que se priorizan mecanismos que permitan resolver la situación sin violencia directa, salvo en casos donde las fuerzas de seguridad sean agredidas.
Explicó que, en este momento, la prioridad es garantizar la salida de personas lesionadas, brindar atención a quienes han sido desplazados y restablecer condiciones de seguridad en la zona mediante el diálogo.
Sobre los lesionados, se informó que tres personas ya fueron trasladadas a recibir atención médica y posteriormente otras tres fueron llevadas a Chilpancingo, como parte del operativo coordinado para su atención.
Añadió que, de manera paralela, se continuará con las investigaciones y acciones legales contra los grupos delictivos involucrados, reiterando que se trata de una estrategia enfocada en la protección de la vida y la estabilidad de las comunidades afectadas, así como en el eventual retorno de las personas desplazadas.
Mujeres desplazadas han pedido ayuda, de rodillas, y a través de un vídeo, a Estados Unidos ante esta situación que inicio el 6 de mayo, «porque aquí no nos hacen caso».
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