El empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, conocido por ser propietario del certamen Miss Universo, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para convertirse en testigo colaborador dentro de una investigación sobre contrabando de combustible y tráfico de armas.
Con este convenio, Rocha busca obtener inmunidad penal y evitar una eventual detención, luego de que la autoridad federal lo identificara como uno de los presuntos líderes de una organización criminal dedicada al robo y venta ilegal de hidrocarburos.
De acuerdo con fuentes federales, el acuerdo se cerró el 19 de noviembre, apenas cuatro días después de que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro liberara una orden de captura en su contra. La investigación que lo involucra se remonta a noviembre de 2024, cuando la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada abrió un expediente por delincuencia organizada con fines de narcotráfico, tráfico de armas e hidrocarburos.
El 6 de agosto de este año, la FEMDO solicitó la orden de aprehensión que ahora quedó sin ejecutarse debido a la negociación.
La presunta red criminal operaba en la frontera sur del país. Según los reportes oficiales, el combustible robado cruzaba en lanchas por el río Usumacinta y se transportaba en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.
De manera paralela, el grupo traficaba armas provenientes de Guatemala que, de acuerdo con la FGR, eran revendidas al Cártel de Jalisco Nueva Generación en Querétaro y a La Unión Tepito en la Ciudad de México.
Además de Rocha Cantú, la FGR también obtuvo órdenes de captura contra Jacobo Reyes León, conocido como El Licenciado; Jorge Alberts Ponce, identificado como Yoryi; Alejandro Jacob Álvarez Arriaga, Daniel Roldán Morales, Sergio Hurtado Perea, Sergio Abraham Lara Paz y Elizabeth Muzquiz Pineda.
Entre los señalados destaca Daniel Roldán, señalado como el responsable de manejar y transferir los recursos obtenidos del negocio ilícito hacia el empresario, quien presuntamente abastecía sus propias estaciones de servicio con combustible robado.
La investigación también apunta a posibles actos de corrupción al interior de la propia autoridad federal. Rocha Cantú habría recurrido al soborno de personal de la Fiscalía para acceder ilegalmente a información sobre las indagatorias en su contra.
Una de las funcionarias involucradas es Mari Carmen Ramírez Rodríguez, agente adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos y Derechos de Autor, quien ya fue detenida.
Con su decisión de colaborar, el empresario busca evitar un proceso penal que podría derivar en delitos de delincuencia organizada.
La FGR, por su parte, continúa integrando la carpeta que involucra a la red señalada de operar desde la frontera con Guatemala hasta el centro del país.
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