Organizaciones de familiares de personas desaparecidas reiteraron su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, presentada por el Ejecutivo Federal. Aseguraron que la propuesta no responde a la crisis que enfrenta el país en esta materia y advirtieron que su contenido representa un intento de imponer un sistema de vigilancia masiva que no contribuirá a las labores de búsqueda, además de representar un riesgo para la seguridad de la población.
Mediante un posicionamiento público, las familias denunciaron que la iniciativa fue construida sin una consulta amplia ni pública, por lo que consideraron que no puede contar con el respaldo de quienes enfrentan directamente la tragedia de la desaparición. Exigieron al Congreso de la Unión —Senado y Cámara de Diputados— que atienda la situación con profesionalismo, sensibilidad y apertura, convocando a un Parlamento Abierto para discutir de forma pública el contenido de la reforma.
Afirmaron que la actual ley fue resultado de un proceso legislativo responsable, técnico y sensible al dolor de las víctimas, por lo que pidieron que cualquier modificación se realice en los mismos términos y no obedezca a decisiones unilaterales de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Los familiares expresaron su disposición a participar en un Parlamento Abierto que cuente con una metodología clara, representativa y sin premuras, señalando que las prisas o decisiones mal fundamentadas afectan directamente a las víctimas y sus familias.
Finalmente, hicieron un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que observe con responsabilidad el proceso de reforma, al considerar que su vigilancia, aportes técnicos y lectura política pueden contribuir a una respuesta más adecuada a la crisis de desapariciones en México.
El boletín que dieron a conocer viene firmado por un centenar de familiares de personas desaparecidas, así como colectivos grupos y plataformas dedicadas a esta sensible labor.
¿De qué trata la iniciativa?
El gobierno mexicano presentó una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, basada en 570 propuestas de familiares y colectivos. Esta iniciativa busca mejorar la búsqueda, investigación y sanción de desapariciones. La Secretaría de Gobernación informó que estas reformas responden a la creciente crisis: más de 127 mil personas están desaparecidas desde la década de 1950.
La reforma incluye medidas para proteger a las familias buscadoras, acelerar investigaciones y crear una plataforma única de identidad rastreable. También promueve acuerdos con el Instituto Nacional Electoral (INE) para compartir datos y establece protocolos forenses obligatorios.
Entre las principales propuestas se encuentran:
– Protocolos de seguridad y protección para familias buscadoras
– Registro inmediato y obligatorio de reportes de desaparición por cualquier autoridad
– Inicio rápido de carpetas de investigación y sanciones a autoridades que omitan registros o investigaciones
– Creación de una plataforma única de identidad segura y rastreable
– Convenio con el INE para compartir datos con fiscalías a nivel nacional
– Registro actualizado y trato digno de restos bajo custodia institucional
– Pruebas genéticas y dactiloscópicas obligatorias antes de cualquier inhumación
Según la Secretaría de Gobernación, en el proceso de consulta participaron más de 450 colectivos, representando a más de mil personas.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, afirmó que la reforma es fruto de un trabajo conjunto con familiares de personas desaparecidas y responde a la prioridad establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum para la búsqueda, localización e identificación de personas.
Además, se destacó que la iniciativa no representa el cierre del proceso, sino el inicio de nuevas acciones en política pública, reglamentación, presupuestos y participación activa de colectivos.
Desde octubre de 2024 hasta abril de 2025, se han registrado más de 8 mil desapariciones en el país.
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