Gaschicoleo en el Estado de México: un negocio ilícito que prolifera en Ecatepec con la complicidad de autoridades

Gaschicoleo en el Estado de México: Un Negocio Ilegal que Prolifera con la Connivencia de Autoridades

 

 

El robo y venta ilegal de gas LP, conocido como «gaschicoleo», se convertió en un grave problema en el Estado de México, particularmente en la zona oriente.

 

Este lucrativo negocio ilícito opera con la presunta complicidad de autoridades municipales de Ecatepec y estatales, poniendo en riesgo la seguridad de miles de habitantes y generando millonarias pérdidas para las arcas públicas.

 

Un reporte elaborado por empresarios gaseros y entregado al gobierno de la gobernadora Delfina Gómez en enero pasado, revela la alarmante magnitud del problema.

 

Según el documento, existen 1,061 expendios de gas en el Estado de México, de los cuales 619 operan de manera ilegal. Esto representa una pérdida anual estimada en 20 mil millones de pesos para las autoridades hacendarias.

 

Ecatepec se convertió en el epicentro de esta actividad criminal. De los 443 negocios de gas en el municipio, 150 son clandestinos, operando sin permisos y violando diversas normas de seguridad y desarrollo urbano. La situación es tan crítica que, a pesar de los esfuerzos de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss por regular estas gaseras ilegales, la corrupción al interior de la administración municipal ha impedido cualquier acción efectiva.

 

La alcaldesa solicitó apoyo a la gobernadora Delfina Gómez en enero, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.

 

El reporte detalla la situación en otros municipios: en Chalco, 100 de 129 gaseras operan ilegalmente; en Chimalhuacán, 21 de 34; y la situación se replica en Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Los Reyes La Paz y Chimalhuacán.

 

 

Las gaseras clandestinas no solo representan un fraude económico, sino un peligro inminente para la población. En 2024 se registraron 17 explosiones en estos establecimientos ilegales, resultando en cuatro muertes y siete heridos con quemaduras graves. Muchas de estas gaseras se ubican cerca de escuelas, unidades habitacionales y parques públicos, convirtiéndolas en «bombas de tiempo».

 

 

 

Marco, administrador de tres gaseras legales (quien prefirió omitir el nombre de sus negocios por temor a represalias), denuncia la desigualdad en el trato que reciben las empresas legales en comparación con las clandestinas.

 

 

Mientras las primeras son sometidas a rigurosas inspecciones y cumplen con todas las regulaciones, las ilegales operan con impunidad, pagando presuntamente sobornos a funcionarios de Protección Civil y otras autoridades.

 

Ednna, vecina de Ecatepec, lleva más de dos años luchando contra una gasera clandestina ubicada a 300 metros de la escuela primaria donde estudian sus hijos. A pesar de las protestas vecinales, recolección de firmas y cierres de calles, la gasera continúa operando. Su testimonio refleja la frustración y el temor de la comunidad ante la inacción de las autoridades.

 

La Connivencia de las Autoridades

 

El reporte de los empresarios gaseros señala directamente a funcionarios de Protección Civil Estatal, encabezados por Adrián Hernández Cano, como cómplices del gaschicoleo. Se acusa que estos funcionarios reciben pagos mensuales de las gaseras clandestinas a cambio de permitir su operación. El expediente 00606/01-2025, al que se tuvo acceso, sustenta estas acusaciones. Adicionalmente, se acusa a la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, y a su esposo, Miguel Benito, de cobrar cuotas mensuales a 150 estaciones clandestinas.

 

 

La ubicación estratégica de la zona oriente del Estado de México, cercana a la autopista México-Puebla, facilita el robo de pipas de gas LP procedentes de Puebla y Veracruz. El gas robado se distribuye en las estaciones clandestinas, donde las transacciones se realizan en efectivo, dificultando su rastreo por las autoridades federales.

 

El gaschicoleo en el Estado de México es un problema complejo que requiere una respuesta contundente y coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales. La impunidad y la presunta corrupción al interior de las instituciones son los principales obstáculos para erradicar este negocio ilegal que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población. La investigación de las denuncias presentadas y el castigo a los responsables son cruciales para frenar esta actividad criminal.