Gasto excesivo del Poder Judicial Mexiquense

Sepa La Bola

 

Claudia Bolaños

 

 

Y Sepa La Bola… pero el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a propuesta de su presidente Fernando Díaz Juárez, sometió a consideración de sus integrantes la adquisición de un edificio, que antes arrendaban.

 

Ubicado en calle José Vicente Villada, Colonia Centro, Toluca, Estado de México, el inmueble desde que se arrendó generó críticas por ser considerado que pagaba un precio considerado excesivo.

 

La reciente adquisición del edificio se señala por más de 150 millones de pesos por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de México, lo cual muchos integrantes del TSJE criticaron.

 

La adquisición, justificada por el Director General de Administración, Roberto Cervantes Martínez (hermano del Fiscal mexiquense, José Luis Cervantes), busca albergar al nuevo Órgano de Administración Judicial.

 

Miembros del Consejo de la Judicatura y del TSJE acusan un síntoma preocupante de la opacidad y posibles prácticas que aquejan al Poder Judicial mexiquense, porque no es simplemente una transacción inmobiliaria, sino un gasto excesivo de dinero que se pudo emplear en otras cuestiones.

 

Por ejemplo, hay 44 municipios del Estado de México son considerados zonas de atención prioritaria debido a su alto grado de rezago social. En estas áreas, el porcentaje de personas que viven en pobreza extrema es igual o superior al 50%, según el Consejo de Investigación y Evaluación de Políticas Sociales, y con ese tipo de recursos podrían tener apoyos reales para educación, salud y vivienda.

 

Y es que esta compra genera controversia debido a la actual política de austeridad y la escasez de recursos en los juzgados. Nos cuentan de la falta de recursos básicos como papel, electricidad y agua en diversos juzgados, lo que dificulta la atención a la ciudadanía. La situación contrasta con la millonaria inversión en la adquisición del edificio.

 

Adicionalmente, se mencionan remodelaciones y obras en el Palacio de Justicia, sede de las Salas Penales, descritas como «berrinches y caprichos» y que implican gastos adicionales.

 

Estas obras, señalan, benefician principalmente a allegados al Presidente del Poder Judicial, pues solo hay remodelaciones en sus oficinas y hasta murales familiares.

 

Sin duda, la reciente decisión del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México de adquirir un edificio por más de 150 millones de pesos, en un contexto de austeridad y escasez de recursos, plantea serias interrogantes sobre la gestión y prioridades del Poder Judicial en la entidad. Este gasto calificado de exorbitante, pone de manifiesto una preocupante opacidad en la administración judicial.

 

Es imperativo que la Jefa política del Estado, Delfina Gómez, actúe con firmeza y evita que la cercanía del secretario del Bienestar, Juan Carlos González, con el presidente del Poder Judicial, haga estragos en la confianza en el sistema judicial, y asegurar que la justicia en el Estado de México sea un derecho accesible para todos, no un privilegio para unos pocos.

 

Y Sepa La Bola pero en el Poder Judicial explotó una bomba que luego de que NAFIN retiró, sin aviso, recursos de fideicomisos destinados a pagar a jueces que renunciaron al proceso de elección judicial.

 

Esto generó una crisis salarial y el CJF evalúa acciones legales para recuperar los fondos.

 

Los recursos, por más de 10 mil millones de pesos, debían indemnizar a jueces conforme a la reforma al Poder Judicial. El CJF alega que NAFIN violó el contrato al transferirlos sin autorización.

 

La Asociación de Magistrados y Jueces (JUFED) exigió el pago inmediato a los jueces afectados, señalando que debió haberse realizado antes de diciembre de 2024. Acusan que la reforma judicial vulneró los derechos de los jueces.

 

La JUFED destacó que la falta de pago genera incertidumbre y pidió que el CJF cumpla con la indemnización para todos los jueces que renunciaron o lo hagan en el futuro.