El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la ampliación de los plazos del proceso de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en pueblos y barrios originarios, extendiendo las fechas clave para la realización de asambleas, la definición de proyectos y su entrega a las alcaldías.
Con esta modificación, los actos de determinación y decisión que originalmente concluían el 19 de abril podrán realizarse hasta el 17 de mayo, lo que representa una extensión de 28 días adicionales; mientras que la presentación de proyectos se recorrerá al 18 de mayo y su publicación se ajustará en los días posteriores.
La decisión fue aprobada durante la Novena Sesión Urgente del Consejo General, a partir del seguimiento institucional que identificó avances diferenciados en distintas comunidades. Si bien la mayoría de los pueblos y barrios originarios cuenta con avances en la definición de proyectos, en algunos casos no se dispone aún de información suficiente sobre su determinación.
Asimismo, se advirtió que en ciertos territorios no se habían llevado a cabo asambleas comunitarias o los procesos deliberativos correspondientes; en cambio, en otros, las decisiones se realizaron conforme a sus sistemas normativos internos.
Ante este panorama, el IECM determinó ampliar los plazos con el propósito de garantizar que todas las comunidades puedan ejercer su derecho a la participación, en apego a sus formas de organización interna y con pleno respeto a sus sistemas normativos.
Con esta medida, el Instituto Electoral busca salvaguardar los derechos de los pueblos y barrios originarios, así como asegurar que los proyectos del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 se definan bajo principios de legalidad, certeza y participación comunitaria.
Los proyectos que resulten de estos procesos serán considerados para su ejecución, fortaleciendo la intervención directa de las comunidades en la definición del destino de los recursos públicos en sus territorios.
Estas asambleas comunitarias para seleccionar los proyectos se desarrollan conforme a los sistemas normativos internos de cada comunidad, en respeto a sus formas tradicionales de organización y toma de decisiones. Pueden hacerse a través del diálogo abierto y el consenso o, en su caso, mediante mecanismos de votación definidos por la propia comunidad y sus autoridades tradicionales.
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