Impulsa ministro de la Suprema Corte publicación de la carpeta de investigación del caso Ayotzinapa

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, propondrá que la Fiscalía General de la República (FGR) publique una versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta carpeta, con el número FED/SDHPDSC/OI-GRO/000804/2019, fue iniciada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El ministro argumenta que en casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede ser clasificada como reservada. Su propuesta, que presentará el 25 de junio a sus homólogos de la Primera Sala, busca confirmar la sentencia de una jueza federal que previamente rechazó amparar a tres ex presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Estos individuos impugnaron la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —emitida el 15 de febrero de 2023— que obligaba a la FGR a entregar una versión pública de la carpeta.

Los tres quejosos, Agustín García Reyes («El Chereje»), Salvador Reza Jacobo («El Lucas»), y el fallecido Patricio Reyes Landa («El Pato»), fueron señalados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por su presunta participación en el caso Ayotzinapa. Liberados en 2018 por un Tribunal Federal debido a violaciones al debido proceso y tortura, se convirtieron en testigos colaboradores durante la administración de López Obrador. Sus declaraciones han contribuido a diversas detenciones. Es relevante destacar que «El Pato» fue asesinado la semana pasada en Jilotepec, Estado de México.

En sus amparos, los quejosos argumentaron potenciales riesgos a su vida y salud, así como la posibilidad de que la publicación de la información obstaculizara la investigación. Sin embargo, el Ministro Alcántara Carrancá considera estos argumentos inválidos, enfatizando el derecho del público al acceso a la información en casos de violaciones graves de derechos humanos. Señala que la obligación de las autoridades de emitir una versión pública resuelve la tensión entre la máxima publicidad y la protección de datos personales. La publicación, de ser aprobada, se realizaría en el micrositio del Caso Iguala.