Jueces locales del estado de Guerrero han promovido el primer amparo colectivo en respuesta a una reforma constitucional que suprime el haber de retiro vitalicio para los impartidores de justicia que serán removidos de sus cargos en 2027. La demanda de garantías fue interpuesta ante los juzgados federales con sede en Acapulco.
Rodolfo Martínez, socio director de la firma Trusan & Roma, Abogados, explicó que antes de la entrada en vigor de esta reforma, los jueces de la entidad gozaban de un derecho a un haber de retiro vitalicio. Este beneficio era considerado una garantía inherente al principio de inamovilidad judicial, fundamental para fortalecer la independencia judicial en su función. El texto constitucional local, en su numeral 99, en conjunto con los artículos 71 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establecía este derecho vitalicio al momento del nombramiento y ratificación de los jueces en Guerrero.
Sin embargo, a partir del 27 de agosto del presente año, la reforma a la constitución guerrerense extingue el carácter vitalicio de dicho haber de retiro. Esta modificación, según Martínez, vulnera derechos fundamentales previstos en los numerales 1, 14 y 16, en relación con el 17, todos de la Constitución Federal. Se argumenta que la reforma contraviene los principios de progresividad de los derechos fundamentales y pro persona, al representar una regresión en los derechos humanos. La extinción de un derecho adquirido, sin distinguir a aquellos juzgadores que ya contaban con un nombramiento y ratificación que les generaba la titularidad de este derecho subjetivo, es calificada como violatoria del derecho fundamental a la irretroactividad de la ley y de la afectación a los derechos adquiridos, así como del principio de independencia judicial. La disposición combatida establece que el carácter vitalicio del haber de retiro ya no estará presente «en ningún caso», lo que, a juicio de los demandantes, es una clara violación.
El abogado de los jueces indicó que vigilarán de cerca el cumplimiento del marco constitucional y legal por parte de los jueces federales en este caso, confiando en la procedencia de la demanda, la concesión de la suspensión y, eventualmente, el otorgamiento del amparo contra la reforma. Martínez también comentó sobre el impacto de la reforma federal que ha modificado la carrera judicial, señalando que se deberá observar si estas nuevas disposiciones protegen los derechos humanos o, por el contrario, se convierten en una herramienta del oficialismo.
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