La agonía del taxi concesionado en la Ciudad de México

 

 

La Ciudad de México, una urbe en constante movimiento, se enfrenta a una crisis silenciosa en su sistema de transporte público. La imagen icónica del taxi concesionado, símbolo durante décadas de movilidad urbana, se desvanece rápidamente, víctima de una combinación letal de negligencia gubernamental, proliferación de unidades piratas y una regulación inoperante.

 

 

Mientras el número de taxis legales se desploma, pues hace 15 años se consideró que había 140 mil unidades ahora solo quedan 4 mil.

 

La presencia de vehículos irregulares se expande exponencialmente, suman cerca de 250 mil dejando a la capital mexicana en una situación crítica que demanda una intervención urgente.

 

El declive del taxi concesionado es un proceso que se ha venido gestando durante años, pero que en los últimos tiempos ha alcanzado una velocidad alarmante.

 

Donde antes circulaban más de 140 mil unidades, hoy apenas sobreviven un puñado, según estimaciones de diversas agrupaciones de taxistas.

 

 

Las cifras, aunque difíciles de precisar con exactitud debido a la falta de transparencia y la informalidad del sector, apuntan a una realidad desoladora: menos de 4 mil taxis concesionados siguen operativos en la megalópolis.

 

 

Esta dramática reducción no es casualidad, sino el resultado de una serie de factores que han confluido para asfixiar a este sector del transporte público.

 

Uno de los principales responsables de esta situación es la Secretaría de Movilidad del gobierno de la Ciudad de México.

 

 

La falta de apoyo y la inacción ante la proliferación de taxis piratas han sido determinantes en la debacle del sector legal.

 

La Secretaría de Movilidad (Semovi) que encabeza Héctor Ulises Garcia Nieto, encargada de regular el transporte público, demuestra una ineficacia preocupante, permitiendo que el mercado se inunde de unidades ilegales que operan al margen de la ley, sin pagar impuestos, sin cumplir con las normas de seguridad y sin someterse a las revisiones técnicas obligatorias.

 

La ausencia de operativos efectivos contra los taxis piratas es una de las principales fallas de la Semovi, que solo ordena operativos contra los taxis regulares.

 

.A pesar de las denuncias constantes por parte de los taxistas concesionados, las autoridades optaron por la inacción, dejando a los conductores legales a merced de una competencia desleal que les impide subsistir.

 

 

Las cifras oficiales son elocuentes: en el último año, bajo la gestión de Héctor Ulises García Nieto al frente de la Semovi, no se ha registrado un solo operativo significativo contra los taxis ilegales, que hasta hace 6 años se ocultaban en las alcaldías periféricas y ahora están en toda la Ciudad de México, ya sea afuera de plazas comerciales, en restaurantes, en hospitales, en las calles y hasta en edificios de gobierno.

 

Esta pasividad gubernamental generó un vacío legal que ha sido aprovechado por los operadores piratas para expandir sus operaciones sin control.

 

Mientras los taxis ilegales operan con impunidad, los pocos taxistas concesionados que quedan se enfrentan a una presión constante.

 

 

La competencia desleal les roba pasajeros, reduciendo sus ingresos a niveles insostenibles. Además, deben cumplir con una serie de requisitos y regulaciones que incrementan sus costos operativos, sin recibir el apoyo necesario por parte del gobierno. La paradoja es que, mientras los taxis piratas operan al margen de la ley, los concesionados se ven sometidos a rigurosos operativos que, en muchos casos, resultan en el decomiso de sus vehículos.

 

Miles de taxis legales se encuentran actualmente en los corralones de la Ciudad de México, víctimas de infracciones menores como la falta de la tarjeta de circulación original, la ausencia de un seguro de cobertura amplia o la falta de la revisión vehicular.

 

Las multas para recuperar los vehículos ascienden a más de 95 mil pesos, una cantidad inasumible para muchos taxistas que ya se encuentran al borde de la quiebra.

 

 

Esta situación refleja la doble moral de las autoridades, que persiguen a los conductores legales mientras permiten la proliferación de los ilegales.

 

La situación es especialmente crítica en ciertas zonas de la ciudad. Alcaldías como Benito Juárez, Cuajimalpa y Coyoacán, que antes estaban relativamente libres de taxis piratas, ahora son escenarios de una intensa actividad ilegal. Lo mismo ocurre en las estaciones del metro de Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco, donde los sitios de taxis oficiales desaparecieron, reemplazados por una multitud de vehículos irregulares.

 

La proliferación de taxis piratas no se limita a las zonas periféricas; incluso en el centro histórico de la ciudad, la presencia de unidades ilegales es cada vez más notoria.

 

La facilidad con la que se opera sin concesión es asombrosa. Los taxis piratas, en muchos casos, simplemente instalan una cabina improvisada de lámina, se autodenominan «sitio» y atraen a conductores particulares que prefieren esta opción a las plataformas digitales como Uber o Didi. Estos conductores, al margen de la ley, no pagan impuestos, no contribuyen al sistema de transporte público y operan con total impunidad. La ausencia de control gubernamental ha creado un ecosistema propicio para la proliferación de la informalidad, dejando a los taxistas concesionados en una situación de indefensión.

 

El impacto de esta crisis va más allá de los propios taxistas. La desaparición del taxi concesionado afecta directamente a la movilidad urbana, generando un vacío en el sistema de transporte público que se traduce en mayores congestionamientos viales, una disminución en la calidad del servicio y un aumento en la inseguridad. Los taxis piratas, al no estar regulados, representan un riesgo para los pasajeros, quienes carecen de las garantías de seguridad que ofrecen las unidades legales.

 

La situación económica de los taxistas concesionados se ha deteriorado drásticamente. Donde antes un taxista podía llegar a ganar hasta 25 mil pesos al mes, hoy apenas alcanza los 2 mil pesos, si es que tiene suerte.

 

Esta drástica reducción en los ingresos se debe a la competencia desleal de los taxis piratas, a la disminución del número de pasajeros y al aumento de los costos operativos. Muchos taxistas se vieron obligados a abandonar la actividad, mientras que otros se han visto forzados a integrarse a las plataformas digitales, renunciando a su concesión y a los años de inversión que representó.

 

El valor de las concesiones de taxi, que en el pasado llegaron a alcanzar los 30 mil pesos, se desplomó hasta llegar a menos de 3 mil esos. Esta devaluación refleja la falta de confianza en el sector y la incertidumbre sobre su futuro.

 

La promesa del gobierno de proteger a los taxistas concesionados se ha convertido en una burla, dejando a miles de familias sin sustento y a un sector vital del transporte público al borde del colapso.

 

La crisis del taxi concesionado en la Ciudad de México es un reflejo de una falla sistémica en la gestión del transporte público.

 

 

La falta de regulación, la inacción gubernamental y la proliferación de la informalidad han generado una situación insostenible que demanda una solución urgente.

 

Es necesario que las autoridades tomen medidas contundentes para combatir la piratería, apoyar a los taxistas legales y modernizar el sistema de transporte público, asegurando un servicio eficiente, seguro y accesible para todos los ciudadanos.

 

De no hacerlo, el taxi concesionado, un símbolo de la movilidad urbana de la Ciudad de México, desaparecerá por completo, dejando un vacío que será difícil de llenar.

 

La solución no reside en la represión, sino en una regulación justa y efectiva que proteja a los conductores legales y combata la informalidad de manera integral. El futuro del transporte público en la Ciudad de México depende de ello.