Ricardo Rodolfo Retamoza Yocupicio
La crisis generada por el covid-19 ha repercutido de manera grave en todo el mundo. Una de sus manifestaciones más pronunciadas ha sido en el empleo. En el caso de México, las tasas principales que reflejan las condiciones de precariedad del empleo se dispararon durante 2020, sobre todo la tasa de condiciones críticas de ocupación (TCCO) y la tasa de subocupación. Por su parte, la informalidad laboral sigue representando a más de la mitad de la población trabajadora. Es verdad que todos estos indicadores que reflejan el empleo precario no representan un fenómeno exclusivo de este año; sin embargo, suelen expandirse en períodos de desaceleración económica.
La situación mexicana no sólo genera preocupación dentro de nuestro país.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha insistido en que la informalidad y la subocupación exhiben las dificultades que existen en el mercado laboral mexicano. Incluso los empleos informales se han visto afectados durante la crisis. El claro ejemplo es que la informalidad pasó de 55.7 % a 47.7 % (Feix, 2020) entre marzo y abril de 2020. Cabe destacar que esta disminución de la informalidad no debe verse como sinónimo de aumentos en el empleo formal, el funcionamiento del mercado laboral no es así de lineal. La principal razón consiste en que las medidas de confinamiento hicieron prácticamente imposible que se pudiera continuar con muchas actividades de carácter informal (CEPAL, 2020). La expansión de los empleos informales se dio con una mayor velocidad que los empleos formales, más en este contexto de crisis económica. Feix (2020) indica que, entre abril y mayo del año pasado, el empleo informal en el país pasó de 47.7 % a 51.8 %; a finales de abril de 2021, la tasa de informalidad ya se encontraba en 55.1 %, lo que refleja niveles similares a períodos anteriores a la pandemia.
Por su parte, aunque no refleja niveles tan altos como la informalidad en el país, el subempleo se disparó durante el tercer trimestre de 2020. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la subocupación pasó de 7.8 % en el tercer trimestre de 2019 a 17 % en el tercer trimestre de 2020: prácticamente se duplicó. Aunque no llegó a niveles que sean de verdad preocupantes, el desempleo alcanzó un 5.1 % durante el tercer trimestre de 2020, superando el 3.7 % del mismo trimestre de 2019. Aunque la cifra no parece muy alta considerando la magnitud de la actual pandemia, tiene una particularidad importante: viene acompañada de altos niveles de subempleo e informalidad.
Conociendo las cifras anteriores, es una realidad que tanto la informalidad como el subempleo han representado salidas alternas para aquellos trabajadores que no logran insertarse en el sector formal; no obstante, las implicaciones de ambos fenómenos pueden radicar en niveles más bajos de bienestar social. En muchos casos, se trata de empleos donde los trabajadores deben adaptarse a salarios inferiores o incluso de subsistencia. Es basta la evidencia que sugiere que son los empleos con menores niveles de remuneración y productividad (Loayza y Sugawara, 2009), así como una notoria ausencia de prestaciones sociales básicas como seguridad social y alta rotación de personal (Maloney, 2004).
Está claro que el covid-19 ha dejado de manifiesto la lentitud con la que se recupera la economía mexicana, la cual dictamina la cantidad de empleos formales que se van a generar; por consecuencia, la informalidad y el subempleo son temas que deben ser prioridad en la agenda del gobierno durante los próximos años. Las cifras presentadas parecen indicar una importante tendencia a la precariedad laboral. Aunado a esto, los empleos formales crecen en menor medida. Será fundamental generar incentivos para que los trabajadores se dirijan a la formalidad, así como tratar de fortalecer los mecanismos para “formalizar” las actividades que se establecen fuera de un marco regulatorio.
En la medida que se prolongue la etapa de vacunación, las posibles y eventuales medidas de confinamiento para la mayoría de la población trabajadora mexicana —que se encuentra en condiciones de empleo fuera de un marco legal, sobre todo informales, pero en menor medida también puede incluirse a los subocupados— podrían resultar perjudiciales. Incluso se podría agravar la pobreza laboral: para aquellos sin regulación o fuera de un marco legal, no ir a trabajar es sinónimo de no recibir un ingreso, ya que no cuentan con respaldo jurídico o prestaciones sociales básicas. Las particularidades del mercado laboral mexicano pueden diferir de otros más desarrollados, incluso comparándolo con América Latina.
Aunque en la actualidad el tema más relevante en materia de empleo es la discusión y votación referentes a la reforma sobre outsourcing —que para algunos estudiosos del tema también refleja condiciones de precariedad laboral— este es un tema relativamente nuevo que entró en vigor con la reforma laboral de 2012. Mientras tanto, la informalidad y la subocupación llevan exhibiendo las condiciones del empleo que impera en México durante décadas, y podrían ser los tópicos relevantes que deben discutirse a la hora de generar reformas que busquen un empleo digno.
