LA SEGURIDAD JURÍDICA REQUIERE DE UN SISTEMA DE JUSTICIA APEGADO A LA CONSTITUCIÓN: LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ, CONSEJERA DEL CJF

El adecuado funcionamiento de la Judicatura es una garantía institucional indispensable, no sólo para garantizar el Estado democrático de derecho, sino para que las personas gocen de condiciones adecuadas para exigir sus derechos, afirmó la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal al inaugurar los trabajos de la décima primera sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

 

 

Durante el evento, en el que participaron más de 250 personas usuarias del sistema, integrantes de la academia y de la sociedad civil, de los Estados de Aguascalientes, Chihuahua y Durango, quienes se distribuyeron en 20 mesas de trabajo, la Consejera

enfatizó que para mantener la seguridad jurídica en todos los niveles de la vida pública y frente a todos los sectores de la sociedad y de la economía es necesario contar con un Sistema de Justicia apegado a la Constitución y no a la política electoral.

 

 

Advirtió que las autoridades, aun las que cuentan con gran apoyo de las mayorías

electorales, al ejercer sus atribuciones, no están exentas de cometer excesos u omitir el cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, vulnerar los derechos de las personas. “Si bien una elección directa a partir de una mayoría electoral pudiera vislumbrarse como medio ideal para legitimar los cargos en el Poder Judicial, no implica necesariamente contar con el dominio las habilidades y funciones que se deberán desempeñar”, agregó.

 

 

En este sentido, la magistrada Lilia Mónica López destacó que “el conocimiento jurídico, la

experiencia práctica, el mérito profesional, la capacitación continua, el ascenso sostenido

en la carrera judicial, la vocación y el compromiso social, son los factores que realmentelegitiman a las personas juzgadoras, pues la investidura judicial implica una enorme

responsabilidad”.

Por su parte, María Zapopan Tejeda Caldera, decana del Centro de Ciencias Sociales y

Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes destacó el esfuerzo realizado

por el Poder Judicial para escuchar activamente a una amplia pluralidad de voces con la

intención de detectar problemas y posibles alternativas de solución, explorando nuevas

rutas que aborden soluciones viables y efectivas.

Al hacer uso de la palabra, Iliana Angélica Alvarado Salinas, vicefiscal de Control Interno,

Análisis y Evaluación del Estado de Durango, reconoció la necesidad de un trabajo entre los

responsables de garantizar la seguridad, libertad y dignidad de las personas “es necesario

un trabajo en equipo con una búsqueda de soluciones conjuntas y comprometidas con la

finalidad de generar propuestas que permitan fortalecer un acceso efectivo a la justicia para

todos las y los mexicanos”.

En su oportunidad, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, consejero Jurídico de Aguascalientes

destacó que en este Estado se garantizó la autonomía al Poder Judicial, al otorgarle el mayor

presupuesto, desde la Constitución local, garantizando una base del 2.3% al Presupuesto de

Egresos, “para que nunca más el Poder Judicial tenga que ir a tocar la puerta de un gobierno

estatal, para pedir un centavo para la administración de la justicia”.

Finalmente, George de Lima, coordinador de Monitoreo de la Relatoría de Personas

Privadas de la Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enfatizó que

el esfuerzo del PJF de llevar estas discusiones a cada parte del país, y llamó a considerar a

la Comisión como una institución aliada “este tipo de espacios, de participación social y de

articulación interinstitucional son extremamente relevantes para llevar adelante la garantía

y la protección de los derechos humanos”.