Luego de que Donald Trump declarara a los narcotraficantes como terroristas, la titular del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizará
una ampliación de la demanda contra las distribuidoras y armerías en
Estados Unidos.
Ello, explicó durante la conferencia del pueblo de este jueves, “por complicidad, de aquellos que vendan armas que son introducidas
en nuestro país”.
Dejó en claro que para su gobierno “México es un país libre, independiente, soberano,
y siempre vamos a coordinarnos, a colaborar, en el marco de nuestras constituciones y
de nuestras leyes”.
Cabe recordar que México solicitó a las armerías de Estados Unidos una compensación por los daños económicos y sociales producto de la violencia armada, con cientos de víctimas, entre policías.
La petición fue por medio de dos demandas para buscar responsabilizar a la industria de las armas estadounidenses que arman a los cárteles de la droga, e incluso con diseños especiales para estos grupos delictivos.
La primera demanda del Gobierno mexicano la interpuso en agosto de 2021 en el estado de Massachusetts contra diversos fabricantes, entre ellos: Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, pero juez federal desestimó la demanda con el argumento de que los fabricantes están respaldados por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que los exime de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
Pero en enero de 2024, un tribunal de apelación revocó el fallo y dio entrada a la demanda mexicana. Ante ello, los fabricantes de armas solicitaron en Nueva York la intervención de la Corte Suprema, a la que pidieron que deseche la denuncia interpuesta en Massachusetts.
En la segunda demanda, cinco vendedores de armas denunciados por México (SnG Tactical, Ammo AZ, Diamondback Shooting Sports, Sprague’s Sports y The Hub) pidieron a la jueza de nombre, Rosemary Marquez, un juzgado federal, que el litigio en su contra sea detenido hasta que la Suprema Corte dictamine sobre el caso de Massachusetts.
La jueza Marquez señaló que no está claro que la decisión de la Suprema Corte pueda incidir en esta otra demanda y desestimó los argumentos de los fabricantes de armas.
La juzgadora señaló que posponer el litigio representaría un retraso injustificado en la búsqueda de justicia para México. Enfatizó que el gobierno mexicano alega un daño continuo y de gran magnitud a causa del tráfico de armas, y que la suspensión del caso obstaculizaría el objetivo de buscar medidas cautelares para mitigar estos daños.
Según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, cada año ingresan ilegalmente a México casi 20 mil armas que terminan en manos de cárteles de la droga.
