Ordena Corte revisar sentencia a feminicida de Fernanda Cadena

Suprema Corte Ordena Revisión de Sentencia a Feminicida de Fernanda Cadena

 

 

 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a Graciela Martínez Domínguez, madre de Fernanda Cadena Martínez, quien fue asesinada en 2017. La Corte ordenó a un Tribunal Colegiado revisar la sentencia del feminicida, Samuel “N”, para determinar si debe cumplir la pena máxima por el delito.

 

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en un proyecto aprobado por unanimidad, revocó la decisión de un Tribunal Federal que había rechazado el amparo de Martínez. El Tribunal Federal argumentó que la víctima no tenía legitimidad para impugnar la individualización de la pena, una facultad que, según el Tribunal, solo corresponde al Ministerio Público.

 

Sin embargo, la Suprema Corte estableció que la víctima, o en este caso, sus familiares, sí tienen legitimidad para impugnar la sentencia a través de un amparo directo si se les causa un agravio personal. La Primera Sala ha sostenido consistentemente este criterio.

 

El Tribunal Colegiado deberá analizar las circunstancias del caso para determinar si la pena impuesta a Samuel “N” – 37 años y seis meses de prisión – es la adecuada, considerando que en 2017, cuando ocurrió el crimen, la pena máxima por feminicidio en la Ciudad de México era de 50 años. El Tribunal deberá evaluar si la sentencia original considera adecuadamente las circunstancias agravantes del caso.

 

Fernanda Cadena, de 25 años, fue asesinada en su departamento el 21 de abril de 2017. Samuel “N”, su escolta, fue inicialmente acusado de homicidio culposo, pero la Fiscalía General de Justicia de la CDMX reclasificó el caso como feminicidio agravado en 2022. La sentencia de 37 años y seis meses fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX en 2023, lo que llevó a la madre de la víctima a buscar la intervención de la Suprema Corte. El caso ha generado controversia por la discrepancia entre la pena impuesta y la pena máxima vigente en el momento del crimen.

 

La decisión de la Suprema Corte representa un avance significativo en la lucha por la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias, reafirmando el derecho de las víctimas a participar en la determinación de la pena impuesta a sus agresores.