Piden aumentar de 3 a 9 años de prisión a las personas que agredan a elementos policiacos

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, Rebeca Peralta León, presentó una iniciativa para fortalecer la protección de los elementos policiales de la Ciudad de México mediante el incremento de sanciones para quienes los agredan durante el ejercicio de sus funciones.
La propuesta busca reformar el artículo 289 del Código Penal para el Distrito Federal con la finalidad de imponer de tres a nueve años de prisión y de 100 a 200 días de multa, al que cometa un delito en contra de un servidor o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas.
Si la conducta implica violencia física o lesiones a la autoridad, la pena podrá aumentarse hasta una mitad más, es decir 13.5 años.
Asimismo, plantea reformar el artículo 31 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para sancionar con arresto de 12 a 20 horas o multa equivalente de 10 a 30 Unidades de Medida o de 40 y hasta 72 horas, inconmutables de trabajo en favor de la comunidad, según la gravedad del hecho y las circunstancias en que se hayan cometido.
En el marco de un minuto de aplausos a los policías (mujeres y hombres) que el día 2 de octubre resguardaron el patrimonio de la Ciudad y la integridad de las personas a cosas de sus seguridad y vida, la legisladora afirmó que “es urgente que se impongan sanciones claras, firmes y ejemplares contra quienes atenten contra la integridad de los cuerpos de seguridad”.
“Con esta iniciativa de ley queremos garantizar que se sancione a quienes agreden a las mujeres y hombres que trabajan en los cuerpos de seguridad, pero también debemos exigir que las mismas respeten los derechos humanos. Porque el respeto debe ser mutuo, pues solo así, construiremos una relación basada en la confianza y no en el miedo o la confrontación”, señaló.
Afirmó que la propuesta, que fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, “pretende garantizar que toda agresión contra un policía no quede impune ni minimizada, reafirmando que cuidar a quienes nos cuidan es una responsabilidad compartida de toda la sociedad”.
“Hoy, subo a esta tribuna a presentar una iniciativa sobre un tema que debería preocuparnos como sociedad, la creciente violencia contra los cuerpos de seguridad, un fenómeno que no solo se observa a nivel mundial, sino que también impacta de manera directa en la Ciudad de México”, dijo.
En su discurso, refirió que las marchas son un derecho legítimo de libertad de expresión, “pero lo que pasó en la marcha del 2 de octubre en un enfrentamiento entre ciudadanos y policías, fue lamentable, estos ataques no solo representan un riesgo para sus vidas, sino que también son un ataque directo al Estado mismo, a su capacidad de garantizar el orden, la justicia y la paz social”.
“Cada agresión hacía ellos, golpes e insultos son contra una persona que cumple su deber y que en muchos casos se ve obligado a contener sin responder, estamos hablando de trabajadores madres, padres, hijos e hijas. Defender el derecho a la protesta no significa tolerar la violencia”, aseveró.

Consideró que los cuerpos de seguridad, cuando actúan dentro del marco legal y con respeto a los derechos humanos, no son enemigos del pueblo, son garantes de nuestra integridad física y patrimonial, son quienes defienden el orden constitucional y primeros respondientes ante el crimen”.
“El ataque a un policía no debe tratarse como un delito menor. Debe ser tipificado con la gravedad que merece, especialmente cuando se pone en riesgo la vida o se obstaculiza el cumplimiento del deber”, concluyó.