El PRI en el Congreso de la Ciudad de México propuso reformas legales para garantizar que las personas adultas mayores reciban un trato digno, respetuoso y libre de violencia institucional por parte de los servidores públicos, cuando sean víctimas de cualquier conducta tipificada como delito o en los casos en que se trate de faltas administrativas.
El coordinador de la bancada priista, Ernesto Alarcón Jiménez, presentó al pleno una iniciativa para reformar la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, a fin de evitar que sean víctimas de cualquier tipo de violencia por parte de los servidores públicos.
El diputado representante de Magdalena Contreras expuso que las personas adultas mayores son objeto de discriminación y violencia que en muchos casos provienen de las propias familias, ya sea porque no saben cómo tratarlas o porque hay toda una intención de lastimarlas y violentarlas. Tal situación, añadió, trae graves consecuencias a nivel físico y psicológico de las personas mayores, pues daña su entorno y genera incertidumbre sobre su situación.
Pero advirtió que también son objeto de violencia comunitaria e institucional, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad, al no contar con verdaderos apoyos y redes en esta etapa de la vida; situación que desencadena en distintos tipos de violencia, donde las víctimas no denuncian ante las autoridades competentes, en el caso de la Ciudad de México, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En este contexto, el legislador propuso reformar el artículo 28 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, para asentar que a la Fiscalía capitalina corresponde “coadyuvar cuando las personas adultas mayores sean víctimas de cualquier conducta tipificada como delito; en los casos en que se trate de faltas administrativas, con la finalidad de siempre garantizar que las personas servidoras públicas otorguen un trato digno, respetuoso y libre de violencia institucional a las personas mayores”.
De la misma manera propuso modificar el artículo sexto de la citada ley, para asentar que las personas adultas mayores tendrán el derecho a solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para las personas adultas mayores cuyo cuidado personal tenga a su cargo.
La iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
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