Piden que instituciones públicas y privadas apliquen protocolos para la atención respetuosa y sin distinción de identidad de género

La diputada federal del PRI, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández plantea que todas las instituciones públicas y privadas estén obligadas a implementar protocolos para garantizar atención digna, respetuosa e incluyente hacia las personas, sin distinción alguna por motivo de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género.
En una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 15 Ter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, enviada a la Comisión de Derechos Humanos, señala que, pese a los avances legislativos en materia de derechos humanos, la discriminación en México persiste, y la orientación sexual y la identidad de género son causas recurrentes.
“La discriminación histórica contra la comunidad LGBTTTIQ+ en México ha sido sistémica, abarcando desde la persecución policiaca y la patologización hasta la violencia extrema y la exclusión institucional”, advierte.
Resalta que la discriminación es un fenómeno estructural arraigado en prejuicios sociales, culturales y económicos, que limita el acceso pleno a derechos fundamentales y expone a diversas formas de violencia; se sustenta en patrones culturales como el patriarcado y la heteronormatividad, los cuales generan exclusión institucional y dificultan el reconocimiento pleno de las identidades diversas.
Considera que el derecho a la no discriminación constituye una garantía esencial para que todo individuo sea tratado con estricta igualdad, y este principio prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción arbitraria fundamentada en el origen étnico, género, edad, discapacidad, salud, religión u opiniones.
Sostiene que la erradicación de la discriminación hacia la población LGBTTTIQ+ es una obligación constitucional y un imperativo de derechos humanos, fundamental para avalar el acceso equitativo a servicios públicos sin estigmas, sesgos de género o tratos crueles
Finalmente, puntualiza que se debe garantizar una atención digna, respetuosa e incluyente, libre de discriminación, para romper ciclos de desigualdad y violencia, fortaleciendo la confianza ciudadana y construir una sociedad más justa y equitativa.