El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez sostuvo que el denominado “Plan B”, impulsado por Morena en el Senado de la República, forma parte de una estrategia deliberada para distraer la atención pública y ocultar las cifras de la inflación, la falta de crecimiento económico, los homicidios y la inseguridad que enfrenta el país.
Por lo que, reiteró que su bancada votará en contra de este dictamen en materia electoral que se discutirá el 8 de abril en San Lázaro.
Señaló que, mientras la discusión pública en el Senado se centraba en dicho plan, en paralelo, en la Cámara de Diputados, se promovieron reformas que modifican la forma en que se calcula el gasto público, eliminando conceptos clave en la medición, como es el gasto en los programas sociales, así como la nómina de sectores como salud, educación y seguridad.
Estos rubros, explicó, representan aproximadamente 1.4 billones de pesos, los cuales dejarían de considerarse para efectos del cálculo del déficit, ocultando así el nivel real de endeudamiento del gobierno.
“Morena preparó todo un escenario para concentrar la atención en un solo tema, mientras por otro lado avanzaban cambios que distorsionan la realidad económica del país”, afirmó.
Moreira explicó que, de las cuatro modificaciones planteadas originalmente, el Senado descartó la relacionada con la revocación de mandato, quedando principalmente la propuesta de establecer un máximo de 15 regidores por ayuntamiento.
Sin embargo, destacó que esta medida ha sido presentada de manera engañosa como un mecanismo de gran ahorro.
Y es que dijo que de los 2 mil 478 municipios del país, solo 72 municipios en trece estados tienen más de 15 regidores.
También evidenció inconsistencias en el discurso oficial, al señalar que 11 congresos locales que deberán ajustar su gasto están actualmente bajo control de Morena y sus aliados, lo que contradice la narrativa de austeridad que Morena siempre ha presumido.
Por ello, dijo que si realmente se busca fortalecer la infraestructura y los servicios públicos, el gobierno federal debería reasignar recursos desde el presupuesto federal.
En particular, señaló que podrían redirigirse los más de 54 mil millones de pesos anuales destinados a proyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como revisar el desempeño financiero del AIFA y de Mexicana de Aviación.
Estos recursos, afirmó , podrían canalizarse directamente a obras de infraestructura en estados y municipios, generando un impacto económico real en las comunidades.
“El Plan “B” es una farsa. No resuelve los problemas estructurales del país y busca ocultar la realidad económica que vive México”, concluyó.
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