Plantea diputada morenista reforzar la ley en detenciones con presencia de menores de edad

La diputada Gissel Santander Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de robustecer la protección de personas menores de edad durante detenciones, cateos o actos de investigación en los que se encuentren presentes.

La legisladora expuso que la protección integral de niñas, niños y adolescentes es una obligación constitucional, convencional y ética del Estado mexicano, pero advirtió que persisten vacíos operativos durante las actuaciones policiales y ministeriales, especialmente cuando estas se realizan en presencia de menores que no están relacionados con los hechos investigados, pero cuya integridad física y emocional resulta afectada.

Señaló que diversas organizaciones han documentado casos de niñas y niños expuestos a violencia institucional durante detenciones, lo que genera afectaciones similares a las de una víctima directa, al no existir medidas adecuadas de contención emocional ni protocolos de resguardo. Indicó que, aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece parámetros generales sobre el uso de la fuerza, no contempla disposiciones específicas para la protección de menores de edad ni los reconoce expresamente como víctimas indirectas cuando presencian actos de violencia estatal.

Asimismo, apuntó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho a un entorno libre de violencia, pero carece de mecanismos vinculantes que obliguen a las autoridades a actuar de manera diferenciada cuando hay menores presentes.

La iniciativa propone adicionar disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para incorporar el principio del interés superior de la niñez como criterio rector en la actuación de las autoridades, establecer obligaciones específicas para las personas servidoras públicas encargadas de la procuración de justicia y crear protocolos claros cuando, durante una detención o diligencia, se identifique la presencia de niñas, niños o adolescentes. También plantea modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que cualquier menor presente en estos actos reciba un trato de especial protección, orientado a salvaguardar su bienestar físico, psicológico y emocional.