La iniciativa para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en Colima no sólo es oportuna sino muy necesaria, defendió la secretaria de Salud del gobierno estatal, Leticia Delgado Carrillo, luego de que ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que, si se impone como disposición obligatoria, en vez de una recomendación “hay un riesgo importante de que se cometan abusos”.
Al respecto, la secretaria de Salud de Colima, Leticia Delgado Carrillo, respondió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal que el uso de cubrebocas es tan importante como el lavado de manos y el aislamiento social: “no se debe escatimar para proteger la vida”.
“Resulta contradictorio que por un lado se manifieste que los negocios deban permanecer cerrados de forma obligatoria, se pida a los gobiernos tomar acciones al respecto y en caso de no hacerlo, que se podría incurrir en omisiones que puedan llevar a sanciones administrativas y penales, y por otro lado se considere que el hacer obligatorio el uso de cubrebocas es una medida coercitiva y pueda generar abuso”, dijo la funcionaria en su conferencia diaria.
López-Gatell consideró que establecer el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos e incluso imponer multas o penas de cárcel por no cumplir con esta medida genera riesgos de abuso a los derechos humanos y tensión social.
El funcionario federal se refirió a la iniciativa que el gobernador Ignacio Peralta envió al Congreso local para que el uso de cubrebocas sea obligatorio y sancionar a quienes no acaten estas medidas.
«El Congreso de Colima busca una iniciativa de ley para el uso obligatorio de cubrebocas, respetamos la soberanía del estado, pero se tendrá que analizar si es competencia de una autoridad local la disposición que pudiera enmarcarse en el contexto de medidas extraordinarias de salubridad general».
“Cuando se hace responsable a la persona por lo que ocurre a los demás con carácter obligatorio, se establece cohesión por parte de las fuerzas del Estado, no necesariamente la fuerza pública, pueden ser sanciones administrativas, como una multa de más de 40 mil pesos, eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por violencia social muy lamentable, puede resultar en enorme riesgo de que se vuelva a abusar de los derechos humanos”, afirmó en el informe diario de coronavirus en Palacio Nacional.
«Opinamos que se debe de tener mucho cuidado cuando las medidas de control sanitario hacen responsable a las personas, ya que cuando esto pasa se establece cohesión por parte de la fuerza del estado y eso en un país asolado por abusos de autoridad puede resultar que se vuelva a abusar de los derechos humanos», puntualizó.
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