Presenta Sheinbaum reformas constitucionales en respuesta a la designación de cárteles mexicanos como terroristas

Sheinbaum presenta reformas constitucionales en respuesta a la designación de cárteles mexicanos como terroristas

 

 

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de clasificar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y como respuesta dijo que México defenderá su soberanía y, al mismo tiempo, mantendrá la colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad.

 

Y además, como parte de esta postura, Sheinbaum envió este jueves al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución, con el objetivo de reafirmar que México mantiene relaciones de cooperación con otros países, en especial con Estados Unidos, pero sin aceptar injerencias ni vulneraciones a su soberanía.

 

«Queremos que esto quede claro», enfatizó la presidenta, en respuesta a la decisión del gobierno y el Senado estadounidense de designar a seis grupos del crimen organizado en México como terroristas.

 

La reforma al artículo 40 establece que el pueblo de México «bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones o intromisiones» extranjeras que afecten la soberanía nacional. Además, prohíbe incursiones en territorio mexicano por tierra, mar o aire, así como la realización de investigaciones o persecuciones sin la autorización expresa del Estado.

 

Por su parte, la modificación al artículo 19 contempla que cualquier persona, nacional o extranjera, involucrada en la fabricación, distribución o traslado de armas en territorio mexicano, así como cualquier extranjero que infrinja la ley, enfrentará «la pena más severa posible» y será sujeto de prisión preventiva oficiosa.

 

Sheinbaum también informó que, tras el anuncio del gobierno estadounidense y el reconocimiento del Departamento de Justicia de que el 74 % de las armas incautadas en México provienen de ese país, la Secretaría de Relaciones Exteriores trabaja en la ampliación de la demanda contra fabricantes y distribuidores de armas. El objetivo es incluir como responsables por complicidad a quienes comercialicen armas que posteriormente sean introducidas ilegalmente a México.