Un juez de Distrito admitió una demanda de amparo presentada por cuatro presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes argumentan que fueron públicamente señalados como responsables del secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin una sentencia condenatoria previa. La demanda, radicada en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, acusa a exfuncionarios de alto nivel de la administración de Enrique Peña Nieto, incluyendo a ex titulares de la PGR, Sedena, Marina y Cisen.
Los quejosos, identificados como Patricio Reyes Landa («El Pato»), Jhonatan Osorio Gómez («El Jona»), Agustín García Reyes («El Chereje») y Gildardo López Astudillo («El Gil»), alegan violación a sus derechos fundamentales al señalar que sus datos personales (nombre, identidad e imagen) fueron revelados y difundidos sin una resolución judicial que los declarara culpables. Además, denuncian la omisión de investigar presuntos actos de tortura durante su detención y la falta de atención a sus quejas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Entre los funcionarios demandados se encuentran Jesús Murillo Karam (exprocurador general), Adriana Campos López (exvisitadora general de la PGR), Sara Irene Herrerías Guerra (exsubprocuradora de Derechos Humanos), Gustavo Salas Chávez (extitular de la SEIDO), y Tomás Zerón de Lucio (exdirector de la AIC).
La audiencia para determinar si se concede o no el amparo está programada para el 28 de agosto. El proceso se ha retrasado debido a dificultades para notificar a todos los funcionarios demandados.
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