El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Cámara de Diputados, se sumó a las protestas encabezadas por Movimiento Ciudadano (MC) para exigir a Morena que libere la declaratoria de validez de la reforma constitucional que garantiza un salario digno para personal del sector salud, educación y seguridad pública.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, denunció este domingo en sus redes sociales que, aunque la reforma ya cumplió con todo el trámite legislativo, el Congreso de la Unión no ha emitido la declaratoria correspondiente. “Es un veto de cajón”, acusó el legislador.
«La hipótesis también es correcta: las finanzas públicas se encuentran en quiebra. Morena usó la reforma con fines electorales y engañaron a la gente”.
Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Pablo Vázquez Ahued también señaló el pasado miércoles que el retraso afecta directamente a miles de servidores públicos que esperan que se cumpla lo estipulado por la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual establece un salario base de al menos 18 mil pesos mensuales, equivalente al promedio salarial registrado por el IMSS.
Vázquez Ahued recordó que la reforma fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso y por al menos 31 congresos estatales, más que suficiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues solo se requieren 17 legislaturas locales para su validación constitucional. Sin embargo, denunció que el Senado alega no haber recibido los votos necesarios.
“Tenemos la evidencia de que sí llegaron. Aquí la pregunta es si se perdieron o se escondieron los votos”, cuestionó el legislador, quien también exigió una explicación para el magisterio, personal médico, policías y miembros de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, la reforma continúa sin entrar en vigor, a pesar de haber sido promovida como un logro histórico durante el sexenio anterior.
La falta de publicación ha sido interpretada por la oposición como una señal de crisis financiera en el gobierno federal y como un incumplimiento de promesas de campaña por parte de Morena.
Sobre esto, se ha acusado a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de mantener frenada la declaratoria, por lo cual los emecistas han acudido incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie al respecto.
