El diputado J. Jesús Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de ampliar a dos años el periodo de lactancia protegida para madres o personas lactantes trabajadoras, con el fin de fortalecer los derechos a la salud, a la alimentación adecuada y al trabajo digno.
La propuesta plantea modificaciones a los artículos 132 y 170 de la legislación laboral para garantizar condiciones dignas, adecuadas, higiénicas y accesibles en los centros de trabajo, así como tiempos efectivos para la lactancia, en concordancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF.
El legislador señaló que la lactancia materna es un elemento central para el desarrollo integral de la primera infancia y para la salud de las madres, por lo que consideró insuficiente limitar su protección al periodo mínimo de seis meses. Indicó que ampliar la lactancia protegida hasta los dos años coloca a México en sintonía con estándares internacionales y con las mejores prácticas entre los países de la OCDE.
La iniciativa reconoce a la leche materna como el alimento ideal para las niñas y niños, al contribuir a la prevención de enfermedades, la reducción de la mortalidad infantil y el fortalecimiento del desarrollo cognitivo. Asimismo, destaca que el impulso a la lactancia en el ámbito laboral genera beneficios sociales y productivos, tanto para las familias como para las empresas.
De acuerdo con el planteamiento, las políticas de apoyo a la lactancia en los centros de trabajo pueden incrementar la productividad, reducir el ausentismo y favorecer la retención del talento, además de mejorar la reputación de las empresas. Estudios citados en la iniciativa señalan que los programas de apoyo a la lactancia pueden generar ahorros significativos para los empleadores.
La reforma también propone ajustes de lenguaje incluyente y mayor claridad normativa para reconocer la lactancia como parte del derecho al trabajo digno y a la salud pública, y plantea que su protección sea una responsabilidad compartida entre el Estado y los centros laborales.
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