Quieren regulación para la gestación por subrogación

 

La magistrada María Rosario Marenco Ortega, integrante de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), hizo un llamado urgente a establecer una regulación amplia y clara sobre la gestación por subrogación y las técnicas de reproducción asistida, con el fin de evitar que estas prácticas sean utilizadas con fines ilícitos.

Durante la conferencia Maternidad subrogada y derechos humanos, impartida en el marco del Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2025, la también magistrada de la Cuarta Sala Civil advirtió que, aunque la Constitución de la Ciudad de México y diversas leyes reconocen estas técnicas, la falta de regulación concreta puede derivar en abusos hacia las mujeres gestantes, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad económica.

La gestación por subrogación —también conocida como vientre subrogado o maternidad subrogada— es una técnica de reproducción asistida en la que una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja, denominada padres o madres intencionales. Esta modalidad puede ser altruista, cuando no hay pago de por medio, o con fines de lucro. En muchos casos, se establece mediante contratos, aunque en México no existe una legislación federal que regule dicha figura con precisión.

“La explotación puede darse cuando se abusa de la ignorancia o necesidad de las mujeres para que accedan a prestar su vientre. Además, existe el riesgo de que esas vidas gestadas sean después utilizadas para la venta de órganos en mercados negros”, advirtió Marenco Ortega.

En este sentido, alertó que la falta de regulación abre la puerta a un mercado negro de bebés, en el que intermediarios lucran con la necesidad económica de mujeres gestantes y con la demanda de personas que buscan acceder a la paternidad o maternidad. Se han documentado casos donde los recién nacidos son entregados sin garantías legales, en condiciones que rozan la trata de personas. También advirtió sobre escenarios extremos, en los que bebés no reclamados, nacidos fuera de contratos formales o abandonados por padres intencionales, terminan vulnerables al tráfico de personas o con fines aún más graves, como la venta de órganos.

México ha sido señalado en diversos estudios internacionales como un país donde la falta de regulación ha dado pie a prácticas cuestionables, particularmente en estados donde ha habido mayor permisividad, como Tabasco y Sinaloa, donde por años operaron agencias privadas de subrogación que atraían a extranjeros sin mayor control. Tras escándalos mediáticos, algunas legislaciones locales endurecieron las condiciones o prohibieron la práctica, pero aún no existe una normativa nacional clara que unifique criterios ni garantice derechos.

En contraste, otros países han adoptado marcos legales más estrictos. En España, por ejemplo, la gestación subrogada está prohibida, incluso si se realiza en el extranjero. En Canadá y Reino Unido se permite solo la subrogación altruista y bajo condiciones específicas. En Ucrania e India, donde fue durante años una industria lucrativa, se han impuesto restricciones para frenar abusos y explotación de mujeres en situación de pobreza.

Marenco Ortega cuestionó que actualmente no existe un contrato legalmente reconocido para regular la gestación subrogada en México, por lo que, en el mejor de los casos, se trata de acuerdos innominados sin garantías jurídicas claras. “¿Alguien ha visto un contrato regulado en la ley de gestación por subrogación? No existe”, enfatizó.

Propuso que cualquier legislación sobre el tema debe incluir elementos relacionados con derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la integridad física y emocional, la identidad, la seguridad jurídica y los derechos de la familia. Asimismo, planteó que una eventual ley contemple al menos tres apartados: antecedentes, declaraciones y clausulado.

La magistrada subrayó que el objetivo de la reproducción asistida es loable, pero que sin un marco legal adecuado puede prestarse a prácticas contrarias a los derechos humanos y al Estado de derecho.