El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal decidió no excluir las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien enfrenta cargos por defraudación fiscal equiparada por un monto de 70 millones 415 mil 367 pesos.
La defensa de Padrés había impugnado la validez de las pruebas, argumentando que se obtuvieron violando sus derechos humanos, especialmente la información relacionada con cuentas bancarias en Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal consideró infundada esta impugnación.
El proceso legal contra Padrés comenzó cuando, el 13 de agosto de 2019, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito dictó auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal equiparada, tras una resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que desestimó otros cargos por falta de pruebas.
En junio de 2023, Padrés promovió un incidente para excluir pruebas que, según él, fueron obtenidas ilícitamente. Estas pruebas incluyen dictámenes contables de 2016 realizados por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México rechazó esta solicitud, declarando que no era procedente analizar la nulidad de dichas pruebas durante la instrucción del caso. Este fallo fue ratificado por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, que destacó que, aunque los implicados tienen derecho a cuestionar la legalidad de las pruebas, este derecho no puede ejercerse en cualquier momento ni por cualquier vía.
La FGR continúa buscando una sentencia condenatoria contra Guillermo Padrés por defraudación fiscal. Cabe recordar que el exgobernador se entregó a las autoridades el 10 de noviembre de 2016, declarando su inocencia y alegando ser víctima de persecución desde 2014. En febrero de 2018, un juez federal dictó auto de formal libertad a su favor, y recuperó su libertad a principios de 2019 tras pagar una fianza de 100 millones de pesos.
La resolución reciente reafirma la legalidad de las pruebas presentadas por la FGR, despejando el camino para que el juicio continúe y se determine la responsabilidad de Padrés en los delitos que se le imputan.
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