La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la iniciativa de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocido como el Plan B, cuyo objetivo central es disminuir privilegios en el servicio público y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana.
La propuesta se sustenta en el principio de austeridad republicana, con la intención de reducir costos en las instituciones y redirigir recursos hacia infraestructura social en municipios y entidades.
Entre los principales planteamientos destaca la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, que deberá mantenerse entre siete y un máximo de 15, así como la limitación a una sindicatura por municipio.
En el caso de los congresos locales, se establece un tope presupuestal equivalente al 0.7 por ciento del gasto estatal. Además, se plantea que funcionarios de organismos electorales, como el Instituto Nacional Electoral y tribunales, no puedan percibir salarios superiores al de la Presidencia, eliminando también bonos y seguros adicionales.
La iniciativa contempla ajustes en materia electoral, como iniciar el cómputo de votos al cierre de la jornada, con la llegada del primer paquete electoral, con el fin de evitar posibles irregularidades en los días posteriores a la elección. Asimismo, se refuerzan medidas de fiscalización, incluyendo el uso de tecnología, convenios con autoridades financieras y la obligación de los partidos políticos de transparentar ingresos y reportar operaciones en tiempo real, además de prohibir recursos ilícitos, aportaciones en efectivo y financiamiento extranjero.
En cuanto a la revocación de mandato, se propone ampliar el periodo en que la ciudadanía puede solicitar este ejercicio, para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, a diferencia del esquema actual que solo contempla el cuarto año. Con ello, se busca fortalecer el derecho de la población a decidir sobre la permanencia de sus gobernantes y consolidar un modelo de mayor participación democrática.
Resumió que: “Esta reforma va por menos privilegios y más participación. Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra Presidenta, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre».
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