Durante la conferencia mañaneras, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció que diversas decisiones del Poder Judicial han favorecido a presuntos delincuentes mediante amparos, traslados y cambios de medidas cautelares que han permitido su egreso de centros penitenciarios.
García Harfuch informó que, entre octubre de 2024 y mayo de 2025, se contabilizan 193 resoluciones judiciales que beneficiaron a integrantes de grupos del crimen organizado.
De estas, 164 derivaron en egresos por cambio de medida cautelar, dos fueron egresos definitivos y 27 más corresponden a traslados que, según el funcionario, no cumplían con las formalidades necesarias.
“Esto significa que más de 100 delincuentes regresaron a las calles”, advirtió el secretario, quien señaló que muchos de estos internos estaban procesados por delitos como secuestro, homicidio, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Uno de los casos más graves que citó fue el del juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien ha resuelto múltiples medidas que han permitido la liberación o traslado de miembros de organizaciones criminales como el Cártel del Pacífico y el Cártel del Golfo.
Entre los beneficiados, mencionó a Gerardo Ponce Alanís, presunto líder criminal trasladado recientemente a un penal estatal en Sinaloa, donde días después fueron decomisadas armas, droga y dinero en efectivo.
García Harfuch también señaló que de octubre de 2024 a abril de 2025 fueron liberadas al menos 26 personas relacionadas con cárteles como el de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Zetas y La Familia Michoacana, pese a su alto nivel de peligrosidad.
“El esfuerzo de las instituciones de seguridad por detener a estos criminales es inmenso, y es inaceptable que jueces los devuelvan a las calles sin considerar el daño que causan a la sociedad”, expresó el secretario.
En contraste, García Harfuch presentó los avances de la estrategia de seguridad en los primeros siete meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, destacando más de 20 mil detenciones por delitos de alto impacto, la destrucción de casi 900 laboratorios clandestinos y la captura de líderes criminales en entidades como Baja California Sur, Guerrero, Guanajuato y Jalisco.
El secretario concluyó reafirmando el compromiso del Gabinete de Seguridad para continuar “sacando de las calles a los generadores de violencia”, al tiempo que hizo un llamado al Poder Judicial a actuar con responsabilidad ante el reto de la seguridad en el país.
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