La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la resolución que obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a publicar la versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, iniciada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La decisión, tomada con cuatro votos a favor y uno en contra, rechaza los amparos interpuestos por tres ex presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes, tras colaborar como testigos protegidos, argumentaron que la publicación de la información pondría en riesgo su vida y seguridad. Estos individuos, Agustín García Reyes («El Chereje»), Salvador Reza Jacobo («El Lucas»), y el fallecido Patricio Reyes Landa («El Pato»), fueron liberados en 2018 por violación al debido proceso y tortura durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en su proyecto aprobado, enfatizó que en casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede ser clasificada como reservada. La FGR deberá publicar la versión pública de la carpeta en su micrositio dedicado al Caso Iguala, donde se encuentran los diversos tomos de la investigación iniciada en 2014.
La Corte confirmó la sentencia de una jueza federal que desestimó los argumentos de los ex presuntos sicarios, quienes alegaron falta de oportunidad para exponer los riesgos de la publicación y la ausencia de mecanismos para verificar la información antes de su divulgación. La FGR, por su parte, argumentó que la publicación podría obstaculizar la investigación y la procuración de justicia.
Sin embargo, la SCJN consideró estos argumentos infundados, priorizando el derecho a la información pública en casos de graves violaciones a los derechos humanos. La resolución destaca la necesidad de equilibrar la máxima publicidad con la protección de datos personales, estableciendo la obligación de las autoridades de emitir una versión pública que proteja la información confidencial. La muerte de «El Pato» la semana pasada, en Jilotepec, Estado de México, subraya la complejidad y la gravedad del caso.
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