En un movimiento que ha generado controversia, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal se ha apropiado del Parque Bicentenario, un espacio de esparcimiento y deportivo en la Ciudad de México. Esta acción, realizada mediante una declaratoria de rescate por causas de utilidad e interés público, ha sido criticada por violar leyes y beneficiar a la Secretaría mientras la empresa Ocesa, organizadora del evento donde ocurrió el incidente, continúa operando en otros espacios junto con la Secretaría.
La declaratoria, firmada por Pablo Israel Escalona Almeraya, Presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, justifica la apropiación con base en un incidente ocurrido el 5 de abril de 2025 durante un evento en el parque, alegando que el concesionario, Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V., no tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes. Este argumento se usa para declarar el rescate de la concesión por «causas de utilidad e interés público o de seguridad nacional», permitiendo que la Secretaría de Cultura se haga cargo del espacio.
El documento cita extensamente la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos y culturales, argumentando que la Secretaría de Cultura es la entidad idónea para administrar el parque y ofrecer una amplia gama de actividades culturales a la comunidad. Se destaca la importancia de garantizar el acceso a la cultura para toda la población, incluyendo grupos de atención prioritaria, y se describe un ambicioso proyecto cultural que aprovechará la infraestructura existente del parque.
Sin embargo, las críticas se centran en la falta de transparencia y el posible abuso de poder. La apropiación del parque, un espacio público de gran valor para la ciudad, se realizó sin un proceso público transparente y bajo el pretexto de un incidente que, aunque lamentable, no justifica la anulación de la concesión y la transferencia directa del bien a la Secretaría de Cultura. La continuidad de Ocesa en otros proyectos junto a la Secretaría aumenta las sospechas sobre posibles prácticas de favorecimiento.
La falta de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y la opacidad en el proceso de adjudicación han generado preocupación entre la población, quien cuestiona la verdadera motivación detrás de esta acción y la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades involucradas. El caso del Parque Bicentenario ha abierto un debate sobre la transparencia en la gestión de bienes públicos y la necesidad de salvaguardar el derecho de acceso a espacios de recreación y esparcimiento para todos los ciudadanos.
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