Horas antes de la reaparición de Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, en la Cámara de Senadores para el debate de la reforma judicial, se presentaron amparos a su favor en juzgados de la Ciudad de México y del Estado de México, alegando que ambos habían sido víctimas de desaparición forzada.
De acuerdo con registros judiciales, las demandas fueron presentadas ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Penal en la CDMX y el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Edomex.
Los promoventes, cuyos datos personales se mantienen bajo reserva, solicitaron la protección de la justicia para el senador Márquez y su padre, el ex gobernador de Veracruz, contra actos de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades.
Sin embargo, ambos juzgados solicitaron a los promoventes que aclararan sus demandas y que explicaran cómo sabían que padre e hijo habían sido víctimas de desaparición forzada. Se les otorgó un plazo de cinco días para presentar dicha aclaración, tras lo cual se determinará si las demandas son admitidas a trámite.
La jueza Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Edomex, Diana Abraján Peña, emitió un acuerdo público en el que señaló que, dado que Miguel Ángel Yunes Márquez presentó una licencia médica ante la Cámara de Senadores el 10 de septiembre y que asistió a la sesión como suplente de su padre, existen elementos que permiten advertir que los quejosos no se encuentran desaparecidos.
La jueza solicitó a los promoventes que especifiquen cómo se enteraron de la supuesta desaparición, cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con los quejosos, si se les ha visto en su centro de trabajo y cuál es el domicilio de los mismos.
La presentación de estos amparos ha generado controversia, con algunos interpretándolos como una estrategia política para evitar la acción de la FGR en su contra. La FGR no ha emitido ningún comunicado sobre la situación de los Yunes.
Se espera que en los próximos días se resuelva si las demandas son admitidas a trámite y, en caso afirmativo, se proceda a investigar la supuesta desaparición forzada.
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